José Vargas denuncia en La GACETA que ha sido multado ‘por desobediencia’ por tratar de ir a recoger a su nieta a la guardería. “Imagino que es para la caja de solidaridad de la ANC y Òmnium Cultural para pagar las fianzas”, expresa.
José Vargas, presidente de la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (ACVOT), ha denunciado en La Gaceta que ha sido multado ‘por desobediencia’ a un agente por tratar de ir a recoger a su nieta pequeña a la guardería el día de la huelga del pasado octubre. El 3 de octubre la plataforma Taula per la Democràcia convocó un ‘paro de país’ para protestar por la actuación policial el 1-0 para impedir la celebración del referéndum ilegal.
Aquella jornada hubo decenas de concentraciones, marchas y manifestaciones, y desde primera hora de la mañana la Guardia Urbana de Barcelona estuvo cerrando y abriendo calles al tráfico según empezaban y terminaban las marchas y movilizaciones.
Los trenes de Renfe funcionaron al 33 %; mientras que el metro y los autobuses lo hicieron al 25 % en horas punta, el resto de la jornada estuvieron fuera de servicio.
Hubo una concentración multitudinaria en la plaza de Universitat de Barcelona que hizo intransitable la zona, con riadas de estudiantes llegados a pie desde la Diagonal y otros campus de la ciudad. La protesta también tuvo como uno de los escenarios la comisaría de la Policía Nacional en la Via Laietana, a cuyas puertas los manifestantes lanzaron gritos de «asesinos» y «fora les forces d’ocupació».
El Ayuntamiento de Barcelona, en manos de la podemita Ada Colau, se sumó a esta huelga, y suspendió la actividad institucional. El paro fue secundado por un 75% de los profesionales sanitarios que trabajan en los hospitales y centros sanitarios públicos de Cataluña, y también por bomberos.
José Vargas denuncia que aquel 3 de octubre “unos pocos, ayudados por agentes de la guardia urbana y de los Mossos, coartaron la libertad de expresión y movimientos de la mayoría democrática y silenciosa de la ciudadanía catalana, y en particular la barcelonesa”.
Recalca que “aquel día la guardia urbana, aleccionada por Colau y el jefe de la Guardia Urbana, Evelio Vázquez, se situó en puntos estratégicos de la ciudad para evitar el libre movimiento de los ciudadanos”.
200 euros de multa
Su suceso tuvo lugar a las 16.45 de la tarde, en el cruce de Fabra i Puig con la Meridiana.
Relata que dos guardias urbanos ,“convenientemente tapados con casco de motorista y el número de placa que les identifica no visible”, le impidieron el paso para ir a buscar a la guardería a su nieta, que salía a las cinco de la tarde.
Informa de que “se dirigió al agente para pedirle que le dejara pasar porque tenía que ir a recoger a la pequeña”, que el asiento trasero llevaba a su otra nieta de siete años que ese día no tenía colegio, y que la “respuesta del guardia fue, sin consideración a una niña pequeña para asustarla, aporrear el capó del coche donde también intervinieron unos seis o siete perroflautas que ayudaban a los urbanos a hacer de piquetes”.
“Ante el cariz que tomaba el asunto” optó dar media vuelta hacia Can Dragó y coger el camino contrario, de salida de Barcelona hacia Gerona para poder recoger a la pequeña.
Su sorpresa ha sido que a principios de noviembre ha recibido una multa del Ayuntamiento por valor de 200 euros “por desobedecer al agente”.
El presidente de la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas no sale de su asombro. Critica indignado que “debe ser para la caja de solidaridad que creó la ANC y Òmnium Cultural” para afrontar sanciones o fianzas derivadas de la acción judicial contra líderes del proceso separatistas.
La Asamblea Nacional Catalana ha abonado esta semana las fianzas de 25.000 euros por cabeza que impuso el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena a los exmiembros de la Mesa del Parlament Lluís Corominas, Ramona Barrufet, Anna Simó y Lluís Guinó para eludir la prisión. También abonó la fianza de 150.000 euros de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y parte de la del expresidente Artur Mas, que este miércoles ha dicho que no ha recabado todavía todo el dinero y que aportará su vivienda como garantía.
“Esto es lo que tenemos en nuestra ciudad de Barcelona, gobernada por sujetos que se amparan en el uniforme para realizar cualquier tropelía”, sentencia José Vargas.
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