Las agresiones sexuales de presos a trabajadoras penitenciarias se han triplicado en sólo tres años, pasando de 43 casos contabilizados en 2023 a 117 registrados durante 2025, según datos oficiales del Ministerio del Interior obtenidos por OkDiario.
Los funcionarios de prisiones denuncian que la situación se ha vuelto «insostenible» y exigen al departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska una respuesta inmediata para proteger a las empleadas de los centros penitenciarios.
Las cifras revelan un aumento continuado de este tipo de incidentes dentro de las cárceles españolas. En 2023 se contabilizaron 14 episodios de acoso sexual, ocho intentos de violación y 21 conductas de exhibicionismo o provocación sexual. Un año después, el balance ascendió a 108 agresiones: 45 casos de acoso, 10 intentos de violación y 53 actos de carácter exhibicionista. En 2025, los datos volvieron a empeorar, alcanzando 117 incidentes repartidos en 51 episodios de acoso sexual, seis intentos de violación y 60 actos de exhibicionismo.
La información, facilitada por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias tras una solicitud de la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP), detalla además qué perfiles profesionales han sufrido estas agresiones. Entre las víctimas figuran funcionarias de vigilancia, auxiliares y personal sanitario, psicólogas, trabajadoras sociales y educadoras.
Entre 2023 y 2025 se registraron 24 intentos de violación contra trabajadoras penitenciarias. Durante el primero de esos años las afectadas fueron una enfermera, dos auxiliares de enfermería y cinco funcionarias destinadas a vigilancia interior. En 2024, los casos alcanzaron a una trabajadora social, una educadora y ocho funcionarias. Ya en 2025, las víctimas fueron una psicóloga y una empleada de vigilancia.
La APFP sostiene que las estadísticas oficiales únicamente muestran una parte del problema. Según denuncia la asociación, el protocolo utilizado por Instituciones Penitenciarias sólo considera agresión aquellas conductas que provocan lesiones físicas o daños objetivos acreditables para el trabajador. De este modo, amenazas de muerte, intimidaciones sexuales o insultos quedan fuera del recuento oficial.
El presidente de la organización, Gonzalo Arboledas, afirma que si se incluyeran todos los incidentes violentos y amenazas sufridos por el personal, las cifras reales podrían multiplicarse «por diez». A su juicio, el actual Protocolo Específico de Actuación frente a las Agresiones se utiliza más para «maquillar» los datos que para proteger de manera efectiva a los trabajadores.
La asociación también carga contra la política penitenciaria impulsada por Marlaska, especialmente por la reducción de internos clasificados en primer grado o régimen cerrado. Según la APFP, la salida de numerosos reclusos conflictivos de módulos de aislamiento ha provocado un incremento de la violencia dentro de las prisiones y ha generado una sensación de impunidad.
Los funcionarios recuerdan que desde 2010 se han contabilizado más de 5.800 agresiones contra trabajadores penitenciarios. Sólo en los últimos tres años, siempre según datos oficiales, se habrían producido más de 1.500 ataques. Las cifras anuales reflejan además un fuerte incremento desde la llegada de Marlaska al Ministerio del Interior: 223 agresiones físicas en 2018, otras 223 en 2019, 176 en 2020, 159 en 2021, 453 en 2022, 508 en 2023, 504 en 2024 y 529 durante 2025.
La APFP considera que Instituciones Penitenciarias ha centrado todos sus esfuerzos en proyectar una imagen de reinserción, relegando cuestiones relacionadas con la seguridad y la convivencia interna en los centros. La asociación critica además unas declaraciones realizadas por Marlaska en el Senado en 2018, cuando aseguró que «los más débiles son los internos», unas palabras que los funcionarios consideran alejadas de la realidad penitenciaria.
