Los vecinos de la Vega Baja alicantina y de numerosas localidades murcianas viven con un temor creciente. En los últimos cinco años, una sucesión de hechos delictivos graves ha marcado la vida cotidiana en estas zonas. Desde asesinatos a robos con extrema violencia, agresiones sexuales y hasta un atentado yihadista. Muchos de estos casos tienen en común la participación de inmigrantes ilegales, especialmente de origen magrebí. Los datos oficiales revelan una sobrerrepresentación clara de estos colectivos en los delitos más graves en relación con su peso en la población.
Uno de los episodios más impactantes ocurrió en junio de 2024 en Gata de Gorgos, Alicante. David Lledós, un vecino de 39 años, fue golpeado mortalmente con un bate de béisbol y otros objetos por Mohamed H., un marroquí con antecedentes por drogas, agresiones y okupación. La víctima había reprochado conductas previas del agresor, quien había llegado desde Cataluña tras cumplir una condena. Aunque la autopsia apuntó a una parada cardíaca, la brutal paliza fue el detonante claro. Mohamed quedó inicialmente en libertad bajo fianza y meses después fue detenido de nuevo en una operación contra el narcotráfico.
En septiembre de 2021, Torre Pacheco (Murcia) vivió un suceso que las autoridades investigaron como atentado yihadista. Abdellah Gmara, de origen marroquí y con nacionalidad española adquirida recientemente, arrolló con su vehículo a varias personas en la terraza de un bar, matando a una de ellas e hiriendo a cinco. La Guardia Civil encontró notas con referencias islamistas y la Audiencia Nacional mantuvo la calificación de terrorismo yihadista durante la instrucción. El propio Gmara se suicidó en el vehículo empleando un arma blanca.
Otro caso reciente que ha generado gran alarma tuvo lugar en octubre del año pasado en Torrevieja. Christian J., un empresario sueco de 31 años propietario de una hamburguesería, paseaba con su pareja cuando un grupo de individuos de origen magrebí, algunos con nacionalidad española, le pidió indicaciones desde un coche alquilado. Al mostrar su teléfono para ayudar, lo agarraron y aceleraron, arrastrándolo unos 30 metros hasta impactar contra contenedores. Christian sufrió un traumatismo craneal grave, entró en coma y falleció días después. La Policía Nacional y la Guardia Civil detuvieron a varios implicados, incluyendo un quinto individuo de origen magrebí, como autores de homicidio y robo con violencia. Las investigaciones apuntan a una banda itinerante especializada en asaltos.
Estos no son sucesos aislados. En la Vega Baja y en distintas localidades de Murcia se han registrado agresiones sexuales graves, como violaciones reiteradas en narcopisos okupados por inmigrantes ilegales de origen árabe, con actos de tortura incluidos. También han proliferado robos con violencia a plena luz del día, palizas a residentes y turistas, y homicidios vinculados a disputas o atracos. Medios provinciales han documentado un patrón recurrente: bandas magrebíes operan en la Costa Blanca y el entorno del Mar Menor, muchas veces compuestas por jóvenes llegados de forma ilegal.
Además de los casos destacados, la zona ha sido escenario de otros delitos graves cometidos por inmigrantes ilegales de origen magrebí, como el secuestro, la agresión brutal con quemaduras de soplete y las violaciones reiteradas durante siete días a una mujer de 50 años en un narcopiso del barrio Juan XXIII de Alicante, la agresión grupal sin motivo aparente a un anciano de 68 años en Torre Pacheco que desencadenó disturbios, el homicidio de Carmelina, una anciana de 89 años en Puente Tocinos (Murcia) tras un tirón violento para robarle una cruz de bisutería, múltiples robos con violencia y lesiones en chalets y viviendas de la Vega Baja por bandas itinerantes magrebíes, y apuñalamientos graves durante peleas en Albatera (Alicante) con un destornillador clavado en la cabeza.
Las cifras oficiales respaldan que existe una tendencia preocupante. Según la Estadística de Condenados del INE y datos de Instituciones Penitenciarias, los extranjeros presentan tasas de condenas notablemente superiores a las de los españoles (alrededor de 2,5 veces en algunos indicadores). En las cárceles españolas, los extranjeros suponen alrededor del 33% de la población reclusa, pese a representar un porcentaje menor de la población adulta. Los marroquíes son el colectivo más numeroso entre los presos extranjeros y multiplican varias veces su peso demográfico. Los argelinos también muestran sobrerrepresentación. En delitos contra la libertad sexual, según el Informe del Ministerio del Interior de 2024, los extranjeros suman el 39,24% de los detenidos o investigados, con los marroquíes en el 7,65% y los argelinos en el 1,68% del total, cifras muy superiores a su proporción poblacional. Alicante registró 1.092 delitos sexuales en 2024 (cuarta provincia nacional) y Murcia 890, con tasas elevadas en municipios turísticos y costeros como Torrevieja.
Los vecinos de Guardamar del Segura, Torrevieja, Torre Pacheco o Mazarrón relatan un cambio palpable: okupaciones, agresiones y un goteo constante de incidentes que generan inseguridad. Los retornos efectivos de ilegales condenados siguen siendo limitados. Un vecino de Callosa de Segura consultado por LA GACETA lo resume sin rodeos: «Llevamos años viendo cómo bandas de magrebíes entran y salen de los chalets y las playas como si fuera su territorio. Ya no salimos de noche, y de día tampoco nos fiamos». Otro residente de la misma localidad añade: «Mi mujer ya no va sola al supermercado. El otro día robaron con violencia a un jubilado a plena luz del día en la avenida principal. Esto no pasaba antes de que llegara esta oleada sin control». Los datos muestran que la inmigración ilegal masiva, especialmente de jóvenes varones magrebíes, genera tensiones reales en zonas concretas. Los vecinos no inventan el miedo, lo viven cada día. Los hechos y las detenciones hablan por sí solos.
