La invasión migratoria alentada por el bipartidismo agrava la crisis de vivienda en España, un problema estructural que se arrastra desde hace más de una década y que amenaza con intensificarse en los próximos años. El país se prepara para recibir hasta 3,5 millones de nuevos residentes de aquí a 2028, mientras el parque inmobiliario sigue muy lejos de poder absorber ese crecimiento demográfico.

El desequilibrio es evidente. Según las estimaciones del Banco de España, España acumula un déficit cercano a las 700.000 viviendas en los últimos diez años. Lejos de corregirse, esta brecha podría ampliarse si no se acelera de forma significativa la construcción, lo que seguiría empujando al alza unos precios que ya se encuentran en máximos tras más de una década de encarecimiento casi ininterrumpido.

Durante el duodécimo Encuentro Inmobiliario, organizado por IESE, Accumin y Savills, el economista Joan Monràs, profesor de la Universitat Pompeu Fabra, puso cifras a una realidad que el sector lleva años denunciando. A su juicio, la inmigración ha tenido un papel relevante en el aumento de los precios de la vivienda, especialmente porque la oferta no ha reaccionado al mismo ritmo que la demanda.

Los datos respaldan esa tesis. Desde 2019, la población extranjera con residencia permanente en España ha crecido un 50%. En paralelo, el número de viviendas disponibles apenas ha aumentado, generando una tensión creciente en el mercado, especialmente en las grandes áreas urbanas.

Monràs explicó que el impacto de la inmigración sobre los precios ha cambiado con el tiempo. Entre 2010 y 2015 su efecto era prácticamente inexistente, incluso negativo en algunos años, en un contexto todavía marcado por la crisis financiera de 2008. Sin embargo, a partir de 2016 esa influencia comenzó a intensificarse y en 2024 alcanzó niveles claramente positivos, reflejando una presión sostenida sobre el valor de los inmuebles.

Lo que no ha acompañado a ese aumento de la demanda es la creación de nueva vivienda. Aunque desde 2018 se aprecia un ligero repunte en la construcción, el crecimiento es mínimo y no supera el 0,5 en los indicadores utilizados por el economista. En sus propias palabras, los precios han reaccionado mucho antes y con mayor intensidad que la capacidad del sector para levantar nuevas promociones.

Paradójicamente, la llegada de inmigrantes también ha incrementado la mano de obra disponible en la construcción. A finales de 2025, la Seguridad Social contabilizaba más de 84.000 autónomos extranjeros en actividades vinculadas al sector inmobiliario y constructor. Aun así, Monràs subrayó que el déficit de vivienda es especialmente grave en las zonas donde se concentra la inmigración y donde la edificación no ha crecido de forma proporcional.

El cambio en el perfil del demandante también ha transformado el mercado. Antes del boom migratorio de principios de los años 2000, la propiedad estaba más repartida territorialmente y era mayoritaria frente al alquiler. Hoy, la demanda se concentra en grandes ciudades como Madrid y Barcelona.