La investigación de la Administración Trump a Pedro Sánchez por el polémico contrato de Huawei ya señala a los lobbies de Zapatero y Blanco, un entramado de relaciones políticas y empresariales que ha despertado recelos en Washington y amenaza con derivar en sanciones contra compañías tecnológicas españolas, según avanza Vozpópuli. El asunto se ha elevado al nivel federal en Estados Unidos después de que varios congresistas republicanos pidieran formalmente al Departamento de Comercio y a los servicios de Inteligencia que revisen los vínculos de España con la multinacional china.
El origen de la polémica se encuentra en los contratos por 12,3 millones de euros adjudicados por el Ministerio del Interior a Huawei para el almacenamiento digital de escuchas telefónicas autorizadas judicialmente. La administración norteamericana considera que este material sensible podría estar comprometido, al estar la compañía obligada por ley en China a facilitar información al Partido Comunista. España, sin embargo, defiende que el sistema OceanStor 6800V VS contratado es un depósito aislado, sin conexión exterior y destinado exclusivamente a causas judiciales.
Desde Bruselas también se han encendido las alarmas. La policía federal belga registró en marzo las oficinas de Huawei en la capital comunitaria y viviendas de 17 eurodiputados sospechosos de haber recibido sobornos o participado en operaciones de blanqueo de dinero. La Comisión Europea, por su parte, reiteró en julio a los Estados miembros que restrinjan o veten a Huawei en sus redes 5G, insistiendo en que presenta un nivel de riesgo muy superior al de otros proveedores.
Zapatero aparece en el centro del debate. El expresidente socialista cultivó desde 2005 una relación privilegiada con Pekín, cuando firmó con Hu Jintao un acuerdo de asociación estratégica que convirtió a China en uno de los principales compradores de deuda española. Aquella sintonía política se prolongó en el tiempo y abrió la puerta a la penetración del gigante tecnológico en sectores estratégicos del país.
En este contexto se fundó Acento Public Affairs, la consultora creada por José Blanco y Antonio Hernando, exmiembros del PSOE y del PP. La firma trabajó para Huawei desde sus primeros pasos y en 2020 abrió una filial en Bruselas para ejercer presión política a favor de la compañía. Ese mismo año se constituyó Acento Asia SRL, con la participación de Fangyong Du, empresario chino y colaborador estrecho de Zapatero, investigado por el CNI por su cercanía a los servicios de inteligencia de Pekín. Este socio, además, patrocinó el think tank prochino Gate Center, impulsado por el propio Zapatero.
La red de influencias también alcanza al círculo personal de miembros del Gobierno. Vozpópuli reveló que la esposa de Antonio Hernando, entonces alto cargo en Moncloa y ahora secretario de Estado de Telecomunicaciones, formaba parte de la plantilla de Acento hasta que fue borrada de la web de la compañía en junio de 2024. Poco después, Anabel Mateos fue ascendida en la estructura del PSOE como número tres en Organización.
Entre los asesores de Acento figuran destacados exdirigentes socialistas como Valeriano Gómez, Elena Valenciano y David Cierco, pero también políticos procedentes del Partido Popular, como el exministro Alfonso Alonso —actual presidente de la consultora—, Elena Pisonero o incluso familiares directos de Esteban González Pons.
A Huawei se la vincula asimismo con otras figuras próximas al Ejecutivo actual. Thérèse Jamaa, pareja del ministro de Exteriores José Manuel Albares, fue vicepresidenta de la filial española entre enero de 2022 y mayo de 2023. Aunque desde el ministerio niegan cualquier relación, el dato ha reavivado las sospechas en Estados Unidos. La compañía recurrió además a los servicios de comunicación de las hijas de Zapatero en plena controversia internacional por el 5G.
En paralelo, la tensión con Washington crece. El congresista Rick Crawford y el senador Tom Cotton ya pidieron en julio la reversión inmediata de los contratos españoles con Huawei y fijaron el 31 de agosto como fecha límite. Otros legisladores republicanos, Richard Hudson y Gus Bilirakis, sumaron esta semana nuevas exigencias para que se evalúe el caso en clave de seguridad nacional. El temor expresado es que Huawei pueda tener acceso indirecto a comunicaciones secretas de la OTAN y sus aliados.
