La islamización acelerada de Cataluña pone en riesgo a cada vez más mujeres. Sólo en el año 2025, hasta ocho menores sufrieron la mutilación genital y seis casos fueron evitados por la policía gracias a intervenciones preventivas llevadas a cabo por los Mossos d’Esquadra.
Según los datos facilitados con motivo del Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina, los agentes atendieron durante el pasado ejercicio a ocho niñas y adolescentes, con edades comprendidas entre los cinco y los dieciocho años y una media cercana a los once. En la mayoría de las actuaciones se actuó de manera preventiva, impidiendo que seis de las menores fueran trasladadas a sus países de origen para someterlas a esta práctica. Sin embargo, en dos de los casos, las jóvenes ya habían sido mutiladas antes de llegar a España.
Las intervenciones policiales se distribuyeron en distintos puntos del territorio catalán. Cuatro se produjeron en el norte del área metropolitana de Barcelona, mientras que otras dos tuvieron lugar en Gerona y en la zona sur de la comunidad. Por su parte, las dos menores que ya habían sufrido la ablación fueron localizadas en Lérida. En uno de los expedientes, el juzgado acordó retirar el pasaporte a la niña y prohibir su salida del país como medida de protección.
La detección de los casos se llevó a cabo a través de diferentes vías. En la mitad de las ocasiones fueron los servicios sociales los que dieron la alerta, mientras que el resto de intervenciones se originaron por avisos de entidades sociales, profesionales sanitarios y el propio trabajo policial. Esta coordinación interinstitucional ha sido señalada como clave para anticiparse a posibles situaciones de riesgo.
El fenómeno continúa siendo significativo en Cataluña. En la última década se han detectado 141 episodios de mutilación genital femenina en menores en esta comunidad, de los cuales 17 llegaron a consumarse, según datos aportados en sede parlamentaria por la responsable autonómica de Feminismo. Estas cifras han reavivado el debate político y social sobre la prevención y la integración.
El problema también se vincula con la demografía. Casi un tercio de las mujeres procedentes de países donde se practica la ablación que residen en España viven en Cataluña. En concreto, se contabilizan más de 21.000 mujeres y más de 6.000 niñas de entre cero y cuatro años empadronadas en la región. Madrid ocupa el segundo lugar, con cerca de 9.000 mujeres y más de 2.000 menores, seguida de Andalucía.
En paralelo, las autoridades catalanas han intensificado la cooperación internacional. En el marco de las actividades contra esta práctica, agentes de los Mossos están colaborando con la policía de Gambia para intercambiar protocolos de protección de menores, detección temprana y respuesta frente a la violencia de género. Este país africano presenta una de las tasas más elevadas del mundo, con cerca del 75% de las mujeres y niñas afectadas, pese a la prohibición legal vigente desde 2015.
Estas iniciativas se enmarcan dentro de un proyecto de prevención financiado con apoyo del Gobierno central y con fondos europeos de asilo, migración e integración. El objetivo es mejorar la formación de profesionales, reforzar la sensibilización y reducir el riesgo de que esta práctica continúe extendiéndose entre comunidades vulnerables.
