El Departamento de Justicia de la Generalidad catalana quiere saber cuántos presos extranjeros en situación de prisión preventiva podrían ser «regularizados» gracias a la medida extraordinaria promovida hace escasas semanas por el Gobierno de Pedro Sánchez. Para ello, ha remitido una comunicación interna a las prisiones catalanas para calcular cuántos presos pueden beneficiarse de ello a través de una “prospección inmediata”, según recoge El Español.
La información ha sido difundida por el sindicato de prisiones SICAP-FEPOL, y aunque inicialmente se trataría simplemente de una recogida de datos estadísticos, dicho sindicato advierte de que podría abrir la puerta a un cambio de «enorme trascendencia jurídica y penal» si la consulta derivara en autorizaciones de residencia antes de que exista sentencia firme, ya que podría poner en la calle a cientos de delincuentes de manera irregular.
La comunicación interna del Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña obliga a los centros a identificar posibles casos que, con carácter general, cumplan dos requisitos: acreditar un mínimo de cinco meses de permanencia en España y no tener en su haber antecedentes penales previos a la causa por la que se encuentran actualmente en prisión preventiva.
SICAP-FEPOL advierte de que esta medida podría favorecer la defensa de los delincuentes extranjeros, ya que «si una persona en situación irregular y en prisión preventiva obtuviera una autorización de residencia antes de ser condenada, su defensa podría invocar con mayor fuerza el arraigo y la integración en España».
De hecho, el sindicato avisa de que ya tiene «información de internos preventivos extranjeros en situación irregular que se están informando sobre esta regularización extraordinaria para, antes de una previsible condena, regularizar su situación y reforzar su defensa frente a una eventual expulsión», señala Miguel Pueyo, secretario general de SICAP-FEPOL a El Español.
