El Gobierno de Grecia ha iniciado una ofensiva contra los centros de culto islámicos ilegales que operan sin autorización en Atenas, en una campaña que ya ha permitido el cierre de al menos cuatro de estos locales y la amenaza de deportaciones inmediatas para los extranjeros que los gestionen. El ministro de Migración y Asilo, Thanos Plevris, impulsó la medida a principios de febrero de 2026, cuando anunció una «operación de barrido» para identificar y precintar todos los lugares de culto no registrados, estimados en unas 60 en la capital y su área metropolitana.
La mayoría de estos espacios funcionaban en sótanos, apartamentos, almacenes o garajes, sin permisos de urbanismo, seguridad ni registro oficial ante el Ministerio de Educación y Asuntos Religiosos. Plevris dejó claro que la norma se aplicaría sin excepciones: «Lo ocurrido en Agios Nikolaos ocurrirá en todas partes. Todos los lugares de culto ilegales serán cerrados, con la revocación paralela de los documentos legales de quienes los operen».
En febrero se sellaron los primeros dos oratorios: uno en el barrio de Agios Nikolaos (Patisia), dirigido por un ciudadano bangladesí al que se le revocó el permiso de residencia y se le ordenó la deportación, y otro en Agios Panteleimonas, donde la policía detuvo a cuatro responsables e inició los trámites de expulsión. El 28 de marzo el ministro anunció el cierre del cuarto local, también con un operador bangladesí en proceso de pérdida de visado y deportación.
La ofensiva se apoya en la Ley 5224/2025, que tipifica como delito la apertura o gestión de lugares de culto sin licencia y prevé penas de prisión de entre dos y seis meses, multas y, en el caso de extranjeros, la expulsión automática. Las autoridades subrayan que la medida no afecta a las mezquitas legalmente registradas —Atenas solo cuenta con una oficial, inaugurada en 2020—, sino a las estructuras paralelas que eluden los controles estatales.
Plevris ha insistido en que se trata de una cuestión de legalidad y orden público, no de religión: «Quienes no cumplan la legislación griega serán deportados automáticamente». Hasta abril de 2026 se habían identificado una veintena de sitios adicionales susceptibles de cierre, aunque el ritmo de clausuras se ha mantenido limitado en comparación con el número total estimado.
La campaña se enmarca en el endurecimiento de la política migratoria del Gobierno de Nueva Democracia y ha generado un amplio apoyo entre sectores de la opinión pública griega, al tiempo que ha provocado críticas de organizaciones musulmanas, que advierten de posibles rezos en plazas públicas si se cierran más locales.
