ERC lleva mañana a votación en la sesión de la Comisión de Defensa del Congreso una iniciativa en la que pide impulsar el control político y judicial del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que tendrá lugar un día después de que la ministra de Defensa, Margarita Robles, haya abierto la puerta a que sea un órgano judicial colegiado y no un sólo juez del Supremo el que dé autorizaciones a este organismo para investigar.
En el texto, ERC reclama modificar la Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del CNI para «blindar» un control periódico ante la Comisión de Control de los Créditos Destinados a Gastos Reservados. Según su propuesta, cada tres meses un responsable de las actuaciones del centro comparecería para exponer las actividades en curso y futuras para evitar que continúe ejerciendo actividades «alegales, ilegales o ilícitas».
Además, pide asegurar que cuando los responsables de las actuaciones del CNI comparezcan ante cualquier comisión parlamentaria informen sobre el espionaje a partidos políticos, sindicatos, asociaciones y cualquier colectivo ciudadano.
Asimismo, exigen aumentar las sanciones administrativas y penales de los responsables de las infracciones cometidas, además de asegurar que dichos infractores vean sus funciones suspendidas y sean apartados de cualesquiera organismos públicos de Defensa, de las fuerzas de seguridad del Estado o de cualquier instancia oficial. Por último, ERC pide congelar la partida presupuestaria del CNI para evitar que «siga aumentando de forma desproporcionada e injustificada».
El Gobierno ha reconocido el espionaje a 18 líderes independentistas, entre ellos el presidente catalán en funciones, Pere Aragonès, por parte del CNI con el ‘software’ israelí Pegasus. El caso, que actualmente está en manos de la Justicia, se llevó por delante a la exdirectora del organismo Paz Esteban, que además está imputada.
El espionaje con Pegasus a líderes independentistas ha salido este lunes en la comparecencia de Robles en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional del Congreso de la mano de ERC, entre otros. La titular del departamento de Defensa ha insistido en que las actuaciones llevadas con Pegasus se hicieron siempre con autorización judicial y que el CNI siempre actúa con arreglo a la legalidad.
Pero, sí ha reconocido que la autorización judicial podría darse mediante un órgano judicial colegiado y no mediante un único juez, abriendo la puerta a una eventual modificación de la ley reguladora de las actividades del CNI.
