El juzgado madrileño que investiga un presunto espionaje con el software Pegasus al abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha acordado requerir a las empresas investigadas todos los contratos que hayan suscritos con el Gobierno de España, el Centro Nacional de Investigación (CNI) o cualquier otro organismo para el uso de ese software en el territorio de España.
La juez del Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid, Cristina Díaz Márquez, ha acordado en una providencia la declaración en calidad de testigos de Jhon Scott-Railton, William Marczak, Bahr Abdul Razzak, Siena Anstis, Gozde Bocu, Salvatore Solimano y Rono Deibert, todos ellos relacionados con el laboratorio «Citizen Lab» de la Universidad de Toronto que está enfocado en denunciar abusos de la alta tecnología contra los derechos humanos.
Estas nuevas diligencias llegan después de que la Audiencia Provincial de Madrid ordenara a la juez reabrir el asunto en octubre de este año para continuar con la investigación después de que se archivara en junio de 2023. Sin embargo, el asunto fue admitida en 2022 cuando Gonzalo Boye aseguró haber sufrido con el programa Pegasus, por lo que la magistrada instó a que entregara los teléfonos móviles que habrían sido «objeto de ataque».
En su querella, Boye denunciaba que, conforme al informe emitido por The Citizen Lab que reveló los casos de espionaje a políticos independentistas, entre enero y mayo de 2020 y el 30 de octubre de ese mismo año fue víctima de al menos 18 ataques con Pegasus, «a través de mensajes SMS que contenían un enlace malicioso, disfrazado de notificaciones de Twitter». En este sentido, el abogado de Puigdemont subrayó que «la fecha en la que se produjeron los ataques a través de este programa espía no resultan casuales».
