La Junta de Andalucía ha comenzado los procedimientos legales para retirar del Registro de Turismo a más de 2.600 viviendas que, aunque estaban registradas como turísticas, no cumplen con los requisitos legales establecidos, tal y como ha adelantado el Diario de Sevilla. Estas propiedades se encuentran en las ciudades de Sevilla, Málaga y Cádiz, cuyos ayuntamientos han sido los responsables de notificar a la Junta las irregularidades. Hasta el momento, un total de 2.932 viviendas han sido identificadas como no conformes a la ordenación urbanística, cifra que se actualiza continuamente.
Los propietarios de estas viviendas habían inscrito sus inmuebles en el Registro de Turismo mediante una declaración responsable, en la que afirmaban cumplir con todos los requisitos estipulados en el Decreto de Viviendas de Uso Turístico. Sin embargo, uno de los puntos clave de este decreto es que las viviendas deben ser compatibles con la planificación urbanística de la zona. En caso de que un ayuntamiento constate que esto no es así, se inicia un proceso administrativo para cancelar el registro de la propiedad, tras conceder al propietario el trámite de audiencia correspondiente.
El presidente de la Junta de Andalucía informó en la sesión de control del Parlamento andaluz que se han iniciado trámites para dar de baja más de 2.600 viviendas de las 2.932 detectadas hasta ahora. Esta acción forma parte de una campaña que ha estado en marcha desde hace varios meses. Ya en julio, el gobierno autonómico anunció que había comenzado el proceso de descatalogación de 2.445 viviendas turísticas en toda la comunidad andaluza por incumplir los requisitos establecidos en el Registro Oficial de Viviendas Turísticas, que fue actualizado y entró en vigor en febrero de este año.
Entre las ciudades afectadas, Sevilla ha iniciado expedientes de baja para 721 viviendas, Cádiz para 617, y Málaga para 435. También se han iniciado procedimientos similares en otras provincias: Granada con 316 viviendas, Almería con 140, Huelva con 87, Jaén con 79, y Córdoba con 50. Estos números responden a las solicitudes de los consistorios, quienes han indicado que los inmuebles no cumplen con el reglamento vigente aprobado por la Junta.
La medida implica que estas propiedades no podrán ser publicitadas en las plataformas de alquiler turístico más populares, ya que pasarán a estar consideradas ilegales. Además, la administración autonómica tiene previsto llevar a cabo un plan de inspección para asegurarse de que las viviendas que han sido retiradas del registro no continúan ofreciendo servicios de alojamiento turístico de manera irregular.
