El Gobierno de la Junta de Andalucía (PP) ya prepara un nuevo contrato para ampliar la red de acogida de menores extranjeros no acompañados (mena) en la región pese a que hay elecciones el próximo 17 de mayo.
Según esta información, la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía prevé destinar 36,95 millones de euros a crear 440 nuevas plazas de acogida para destinarlas a menas en los próximos años. El contrato inicial abarca dos años y contempla prórroga por otros dos, lo que podría elevar el coste total a 70,28 millones de euros.
El desglose al que ha accedido este medio muestra que Granada recibirá cerca de 9,8 millones de euros para 128 plazas y Cádiz 8,5 millones para 112. Ambas provincias acaparan el 50% de la inversión y las plazas. Les siguen Sevilla (7,29 millones), Málaga (3,68 millones), Almería (2,47 millones) y Córdoba (1,8 millones). El 63% de las plazas (280) se destinarán a programas de inserción sociolaboral y el resto (160) a primera acogida y recepción.
El coste por plaza en esta licitación ronda los 3.500 euros al mes (115 euros diarios). El gasto medio real en el sistema de acogida de menas en Andalucía se sitúa entre 4.400 y 4.500 euros mensuales por acogido, es decir, entre 145 y 150 euros al día. Estas cifras incluyen manutención completa, personal educativo y de atención, alojamiento, formación, sanidad, documentación, vestuario y actividades de ocio. Llegando a invertir más de 50.000 euros al año por cada mena en los sistemas autonómicos de acogida de Andalucía.
Andalucía ya atendía alrededor de 2.600 menas, con un gasto anual que superaba los 141 millones de euros. La nueva licitación supone ampliar la capacidad en un contexto de llegadas ilegales por pateras que va en aumento, principalmente en las costas de Cádiz, Granada, Almería y Málaga. El Ejecutivo de Juanma Moreno ha optado por habilitar más plazas precisamente en las provincias con mayor presión migratoria.
Este volumen de inversión se enmarca en el presupuesto autonómico de protección a la infancia y adolescencia para 2026, que asciende a 268,8 millones de euros. Miles de familias andaluzas esperan vivienda protegida, hay listas de espera en sanidad y dependencia, y el presupuesto para protección a la infancia compite con otras prioridades locales. El colectivo al que se dirige esta ampliación está compuesto mayoritariamente por varones de 16 y 17 años procedentes de Marruecos y Argelia. El modelo se basa en conciertos con entidades externas y alquiler de inmuebles, lo que genera un coste fijo elevado.
En los últimos años, el gasto acumulado en acogida e inserción de menas y extutelados supera con creces los 100 millones de euros sólo en este capítulo. La licitación de 2021 (645 plazas) y las ampliaciones posteriores ya marcaban la tendencia. Ahora, con esta nueva inversión de casi 37 millones —y potencialmente 70—, se consolida la ampliación de recursos para la inmigración ilegal en Andalucía.
La decisión de incrementar la oferta de plazas y recursos en las zonas de llegada se produce sin que se detallen medidas paralelas de control en origen y fronteras que reduzcan las entradas ilegales. Las rutas migratorias se adaptan y persisten. El resultado es un aumento en el volumen de gasto; más llegadas, más plazas y más recursos públicos.
