La Junta de Andalucía, en manos de Juanma Moreno Bonilla (PP), está financiando con fondos públicos talleres de asesoramiento jurídico dirigidos a personas que se encuentran en situación ilegal para explicarles los pasos necesarios para regularizar su estancia en España. Según ha denunciado VOX en el Parlamento andaluz, estos programas cuentan con una dotación aproximada de 442.000 euros procedentes de las arcas autonómicas.
Durante una intervención parlamentaria dirigida a la consejera responsable del área, el partido ha criticado que la Administración autonómica respalde iniciativas en las que se orienta a inmigrantes sin papeles sobre los procedimientos administrativos que pueden seguir para obtener permisos de residencia. En los materiales del programa, según señalaron, se habla de «primeros pasos para regularizar nuestra situación en España» dentro de talleres de asesoramiento legal financiados por la propia Junta.
Desde VOX sostienen que este tipo de actuaciones contradicen el discurso oficial del Gobierno andaluz, que suele defender una inmigración «ordenada y regulada». A su juicio, destinar recursos públicos a explicar a inmigrantes en situación ilegal cómo pueden regularizar su estatus envía el mensaje de que quienes entren ilegalmente en el país terminarán encontrando vías para permanecer en él.
La formación soberanista también ha vinculado estos talleres con el debate nacional sobre la regularización extraordinaria de inmigrantes. Han recordado que el Partido Popular votó en el Congreso a favor de una iniciativa que buscaba estudiar la regularización masiva de cientos de miles de extranjeros en situación irregular, una decisión que, según sostienen, encajaría con este tipo de políticas de asesoramiento jurídico financiadas por administraciones públicas.
En el mismo debate parlamentario, VOX ha criticado además la política relacionada con el padrón municipal. Según han argumentado, el empadronamiento es la puerta de acceso a diversos servicios públicos —como la sanidad, prestaciones o ayudas sociales— y han advertido de la existencia de redes que se dedican a empadronar irregularmente a extranjeros en domicilios donde en realidad no residen. El partido ha reprochado al Ejecutivo andaluz haber rechazado anteriormente una iniciativa destinada a endurecer los controles para evitar ese tipo de fraude.
Durante su intervención, el grupo parlamentario ha sostenido que la inmigración irregular genera un negocio para distintos actores, desde las mafias dedicadas al tráfico de personas hasta quienes cobran por facilitar empadronamientos falsos. En su opinión, las políticas públicas que facilitan la regularización o el acceso a servicios contribuyen indirectamente a mantener ese sistema.
