La Junta de Extremadura ha dado este martes un paso clave para blindar la Cruz de los Caídos de Cáceres frente a su posible retirada. El Ejecutivo autonómico ha iniciado formalmente el procedimiento para declarar Bien de Interés Cultural (BIC), en la categoría de Monumento, la cruz ubicada en la plaza de América. La resolución, fechada el 12 de agosto y publicada este martes en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), establece ahora un plazo de un mes para presentar alegaciones.
La decisión introduce un nuevo elemento en el enfrentamiento abierto en torno al futuro del monumento. El Gobierno de Sánchez había ordenado su retirada tras considerarlo uno de los símbolos incompatibles con la memoria democrática por su «origen y vinculación con el franquismo». El Ayuntamiento de Cáceres, a exigencia de VOX, se ha opuesto a esta decisión y ha trasladado la disputa a los tribunales, mientras que ahora el Gobierno regional impulsa su protección patrimonial.
La iniciativa de la Junta responde además a uno de los compromisos políticos alcanzados entre PP y VOX. Durante las negociaciones para facilitar la investidura de María Guardiola, Vox planteó como una de sus condiciones la protección de la Cruz de los Caídos mediante su declaración como BIC. La propuesta terminó incorporándose al acuerdo programático suscrito por ambas formaciones, que incluía expresamente la tramitación de esta figura de protección.
Con la apertura del expediente, aquel pacto entra ahora en su fase administrativa. La resolución autonómica considera necesario garantizar el «reconocimiento y protección» de la cruz como parte del patrimonio cultural extremeño y atribuye al conjunto valores de carácter histórico, arquitectónico, artístico y urbanístico que justificarían su conservación.
El monumento tiene su origen en plena Guerra Civil. El Ayuntamiento de Cáceres acordó el 9 de septiembre de 1937 levantar una construcción en homenaje a los caídos y, un mes después, el entonces alcalde Narciso Maderal Vaquero formalizó el contrato para ejecutar las obras. La cruz fue financiada con dinero municipal y terminó inaugurándose en mayo de 1938.
Uno de los principales argumentos utilizados por la Junta se encuentra en la transformación que experimentó el monumento durante la democracia. En 1984, el Ayuntamiento retiró la placa que acompañaba a la cruz y que contenía una referencia a los «hijos muertos por la Patria». El Ejecutivo autonómico sostiene que aquella modificación alteró de manera sustancial el significado público del conjunto al suprimir las referencias expresas de exaltación franquista.
La incoación del expediente no supone todavía la declaración definitiva como BIC, pero activa el procedimiento para otorgar al monumento una mayor protección patrimonial. Durante el próximo mes podrán formularse alegaciones antes de que continúe una tramitación que se desarrolla en paralelo a la batalla política y judicial sobre la permanencia de la cruz en el centro de Cáceres.
