Miembros de la Policía Nacional están denunciando que inmigrantes ilegales marroquíes secuestran a menores y las someten a agresiones sexuales colectivas en las zonas montañosas de Ceuta. Según testimonios de agentes y residentes locales, numerosos agresores —principalmente varones de origen marroquí y también subsaharianos— continúan circulando sin control por la ciudad, perpetrando estos ataques contra niñas y mujeres en los entornos abruptos y en las inmediaciones del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), a pesar de que el Ejecutivo insiste en que el enclave goza de plena seguridad.
Los responsables de estos delitos incluyen tanto a menores extranjeros no acompañados (menas) como adultos indocumentados. Las afectadas son, en su mayoría, niñas y adolescentes, tanto de procedencia marroquí como subsahariana. Un sindicato policial mayoritario, Jupol, que se desplazó hasta el terreno, ha subrayado la gravedad del escenario: los asaltantes arrastran a las víctimas hacia las elevaciones cercanas al CETI, donde los asentamientos irregulares se han consolidado, y allí ejecutan las violaciones en grupo. La portavoz del colectivo, Laura García, ha afirmado a OkDiario que existen más episodios de este tipo de los que llegan a formalizarse ante las autoridades, debido al temor de las supervivientes, y que el número de denuncias supera con creces el de capturas efectivas.
Un caso reciente ilustra la dimensión del problema: el jueves pasado, una menor fue objeto de una agresión múltiple por parte de varios marroquíes en la Avenida de Lisboa, una de las vías principales. Sólo uno de los implicados pudo ser aprehendido gracias a la alerta de vecinos; el resto se dio a la fuga y permanece sin identificar. Ese mismo día, una joven subsahariana acudió a la Jefatura Superior de Policía para denunciar un episodio similar, también atribuido a un grupo de origen marroquí. Agentes sobre el terreno advierten de que estos hechos se repiten a diario y que las calles de Ceuta distan mucho de ofrecer protección a niñas, adolescentes y mujeres.
Mientras tanto, el Gobierno de Pedro Sánchez se esfuerza por proyectar una imagen de normalidad y tranquilidad. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, no ha visitado la ciudad autónoma y mantiene que las menores «no deambulan, sino que se encuentran en espacios seguros y reciben atención». Estas declaraciones, formuladas desde un punto violeta en las fiestas de Cabezón de Pisuerga (Valladolid), chocan de frente con las evidencias aportadas por policías, personal sanitario y vecinos. De hecho, se ha documentado que un grupo de alrededor de treinta niñas marroquíes, algunas de apenas diez años, se refugian bajo los vehículos policiales por el pánico a ser atacadas por los ocupantes irregulares de las laderas.
Jupol critica abiertamente que el Ejecutivo oculte la realidad en lugar de advertir a la población sobre el riesgo permanente de agresiones sexuales. «Hoy hay violadores y pederastas sueltos por Ceuta», insiste su portavoz, y se pregunta qué umbral de violencia habría que alcanzar para que las autoridades reconozcan la inseguridad. En las montañas que rodean el CETI, donde se concentran los campamentos ilegales, se concentra la mayor parte de estos crímenes, dejando a las menores en una situación de extrema vulnerabilidad que el discurso oficial sigue negando.
