La multa podría oscilar entre 300 y 3.000 euros
La Junta Electoral Central abre expediente sancionador a Pedro Sánchez por anunciar las medidas de vivienda tras disolver el Parlamento
La Junta Electoral Central abre expediente sancionador a Pedro Sánchez por anunciar las medidas de vivienda tras disolver el Parlamento
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del 6 de octubre de 2026. Europa Press
Por LGI
15 de octubre de 2026

La Junta Electoral Central (JEC) ha acordado abrir un expediente sancionador al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por la rueda de prensa que ofreció el pasado 6 de octubre en La Moncloa para anunciar dos decretos sobre medidas de vivienda. La posible multa oscila entre 300 y 3.000 euros, aunque el órgano electoral todavía no ha precisado su cuantía.

La decisión se adoptó este jueves durante una reunión en la que la JEC examinó más de una veintena de asuntos, entre ellos dos denuncias contra el jefe del Ejecutivo por sus intervenciones públicas de los días 5 y 6 de octubre.

El organismo electoral ha archivado la denuncia relativa a la declaración institucional en la que Sánchez anunció el adelanto de las elecciones al 29 de noviembre, al considerar que aquella comparecencia se produjo fuera del periodo electoral. Sin embargo, ha decidido abrir expediente por la rueda de prensa del día siguiente, celebrada tras un Consejo de Ministros, en la que el presidente comunicó el contenido de los dos decretos de vivienda, pendientes de convalidación por la Diputación Permanente del Congreso.

El PP denunció que Sánchez había utilizado las instalaciones de la Presidencia del Gobierno para realizar declaraciones de carácter electoral, exponer los logros de su Ejecutivo, criticar a la oposición y reclamar una mayoría parlamentaria más amplia.

‘Ley de nietos’

Por otro lado, la JEC ha abordado el problema que afecta al derecho al voto de los españoles nacionalizados mediante la conocida como ‘ley de nietos’. La Junta ha constatado que carece de tiempo y medios para determinar individualmente la situación de los 163.020 nacionalizados por esta vía, incluidos entre los aproximadamente 2,7 millones de inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).

Por ello, el organismo electoral se limitará a advertir a los afectados de que su voto podría no ser contabilizado finalmente en función de lo que resuelva el Supremo.

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