El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM) ha declarado la nulidad de pleno derecho de la ordenanza que regulaba la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Guadalajara, dejando sin efecto tanto la norma como el acuerdo del pleno municipal que la aprobó en marzo de 2024.
La resolución, recogida en la sentencia 178/2026, responde al recurso presentado por la Asociación Liberum y se apoya en un argumento clave: la medida no estaba integrada previamente en un Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) vigente, requisito exigido por la normativa estatal. En concreto, el tribunal considera que no se puede implantar una ZBE de forma aislada ni validar posteriormente su encaje en la planificación urbana.
En el caso de Guadalajara, el plan de movilidad existente databa de 2015 y no contemplaba este tipo de restricciones. La actualización que incorporaba la ZBE no se aprobó hasta julio de 2024, es decir, meses después de que la ordenanza ya estuviera en vigor, lo que para la Sala supone un defecto estructural insubsanable.
Este fallo no es un caso aislado. En los últimos años, distintos tribunales superiores han adoptado decisiones similares respecto a otras ciudades. En Segovia y Ávila, por ejemplo, sus respectivas ZBE fueron anuladas en 2025 por razones prácticamente idénticas. También en Valladolid se produjo una resolución en la misma línea en 2026.
En Madrid, la situación ha sido especialmente relevante: una sentencia de 2024 anuló parte de la ordenanza de movilidad relacionada con estas zonas por deficiencias en los informes económicos, una decisión que fue confirmada posteriormente por el Tribunal Supremo en 2026, obligando al Ayuntamiento a aprobar una nueva regulación.
Otros municipios como Gijón, Badajoz o varias localidades del área metropolitana de Barcelona también han visto cuestionadas sus ZBE en los tribunales, ya sea por problemas de tramitación, falta de estudios previos o dudas sobre su proporcionalidad.
En conjunto, diferentes resoluciones judiciales han afectado a más de una decena de ciudades en España, en muchos casos a raíz de recursos promovidos por asociaciones o colectivos ciudadanos. Estos litigios suelen centrarse en aspectos formales, como la ausencia de planificación previa adecuada o informes insuficientes.
Actualmente, numerosas zonas de bajas emisiones continúan en fase de recurso o revisión judicial. Algunas ciudades, como Oviedo, ya tienen procedimientos admitidos a trámite, mientras que en otras —como Santander o Alicante— persiste la incertidumbre sobre su futuro.
