El Juzgado de Instrucción nº15 de Madrid ha incoado diligencias penales contra un agente de la Policía Nacional por un presunto delito de coacciones tras la denuncia presentada por la presidenta de la Fundación Española de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos. La causa se abre por una intervención policial ocurrida el pasado 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, durante un rezo provida en la vía pública frente al Centro de Abortos Dator, en la capital.

Según consta en la denuncia, un grupo de personas rezaba de forma pacífica el rosario, una convocatoria habitual en esa fecha, sin alterar el orden público ni cometer infracción alguna. Sin embargo, la actuación policial se dirigió exclusivamente contra quienes participaban en el rezo y portaban rosarios, mientras se permitía la presencia de otras personas que realizaban pintadas y causaban daños al mobiliario urbano a escasos metros del lugar.

Abogados Cristianos sostiene que la intervención fue selectiva y discriminatoria. Durante el operativo, varias personas habrían sido empujadas y zarandeadas, identificadas sin distinción y obligadas a abandonar la zona, pese a que no existía motivo legal que justificara dicha actuación. La organización subraya que no se produjo ninguna actuación policial contra quienes sí estaban incurriendo en conductas vandálicas.

Para la Fundación, los hechos no pueden calificarse como una actuación policial legítima, sino como un intento de intimidación y coacción contra ciudadanos que ejercían derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, como la libertad religiosa y la libertad de expresión. A su juicio, el objetivo era impedir el rezo en espacios públicos, especialmente ante centros de aborto.

La entidad advierte además de que este episodio no sería un caso aislado. Denuncia que forma parte de una estrategia impulsada desde el Gobierno y el Ministerio del Interior, dirigido por el ministro Fernando Grande-Marlaska, orientada a desmovilizar al movimiento provida mediante identificaciones masivas, sanciones administrativas y presión policial.

La apertura de diligencias judiciales sitúa ahora bajo escrutinio la actuación del agente y reabre el debate sobre el uso de la fuerza policial frente a manifestaciones religiosas pacíficas en el espacio público.