Tres años después de la aprobación de la conocida como ley trans impulsada por Irene Montero, crecen las advertencias sobre los efectos de los tratamientos médicos asociados a la autodeterminación de género, especialmente en menores, según informa El Debate.

Según denuncian asociaciones como AMANDA, la aplicación de la norma ha facilitado el acceso a bloqueadores de la pubertad, hormonación cruzada y otros tratamientos sin los controles clínicos previos que antes se exigían, lo que estaría generando riesgos importantes para la salud.

Entre los efectos señalados se encuentran coágulos, ictus, determinados tipos de cáncer, infertilidad o alteraciones cardiovasculares, además de consecuencias irreversibles en algunos casos.

Antes de la entrada en vigor de la ley en 2023, los menores debían contar con informes médicos y psicológicos que evaluaran su situación. Los especialistas analizaban factores como ansiedad, depresión, trastornos del espectro autista o problemas familiares antes de iniciar cualquier intervención médica.

Sin embargo, según estas organizaciones, el nuevo marco legal ha dado prioridad a la autodeterminación del paciente, reduciendo el peso de los diagnósticos clínicos en la toma de decisiones.

Las asociaciones advierten de que muchas familias no reciben información completa sobre los riesgos ni sobre posibles alternativas terapéuticas, lo que, a su juicio, dificulta una toma de decisiones informada. Asimismo, subrayan que algunos de estos tratamientos, especialmente la hormonación cruzada, pueden generar efectos permanentes, como cambios en la voz, alteraciones físicas o dependencia de medicación de por vida.

En el caso de los bloqueadores de la pubertad, señalan posibles impactos en la densidad ósea, el desarrollo físico y la maduración cerebral, aunque insisten en la necesidad de seguir investigando sus efectos a largo plazo.