Un audio avanzado por OkDiario correspondiente a una entrevista de Lorena Suárez, secretaria general del PSOE en Argentina, revela que dirigentes socialistas participaron en la elaboración de la instrucción que amplió el acceso a la nacionalidad española previsto en la Ley de Memoria Democrática. En esa conversación, emitida por la Radio Nacional argentina en octubre de 2023, la dirigente asegura que distintos colectivos trabajaron para que el texto interpretativo de la norma fuera «lo más amplio posible», un objetivo que, según afirma, acabó consiguiéndose.

Durante la entrevista, Suárez explica que el PSOE pretendía inicialmente sacar adelante una Ley de Nacionalidad con un alcance mayor, aunque reconoce que no disponía del respaldo parlamentario suficiente para aprobarla. Ante esa situación, sostiene que el Gobierno optó por incorporar a la Ley de Memoria Democrática el conocido como artículo octavo, que permitía reconocer el derecho a la nacionalidad a determinados descendientes de españoles.

La dirigente socialista celebra especialmente el contenido de la instrucción posterior firmada por Sofía Puente, entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia y hermana del ministro Óscar Puente. Según sus palabras, ese documento permitió incluir «al 80% de los colectivos» que aspiraban a beneficiarse de una futura ley de nacionalidad más amplia. «Entraron nietos, bisnietos y no hace falta demostrar ningún motivo; basta con acreditar el vínculo familiar», afirma durante la entrevista, añadiendo que muchas personas comenzaron a investigar su árbol genealógico para localizar antepasados españoles.

La controversia se centra en la diferencia entre el texto aprobado por las Cortes y la interpretación administrativa posterior. La Ley de Memoria Democrática, ratificada definitivamente por el Senado el 5 de octubre de 2022, reconocía la posibilidad de optar a la nacionalidad española a los descendientes de quienes hubieran perdido o renunciado a ella como consecuencia del exilio provocado por la Guerra Civil o el franquismo.

Sin embargo, apenas unas semanas después, el 25 de octubre, una instrucción del Ministerio de Justicia amplió el alcance práctico de ese derecho. El documento pasó a incluir también a quienes acreditaran ser hijos o nietos de españoles de origen, sin exigir expresamente que sus ascendientes hubieran sufrido el exilio contemplado en la ley. Esa interpretación ha permitido que descendientes cada vez más lejanos, incluidos bisnietos e incluso tataranietos de emigrantes españoles, hayan podido solicitar la nacionalidad.

Sofía Puente justificó ese criterio asegurando que respondía mejor al espíritu de la norma y a la verdadera voluntad del legislador. No obstante, los críticos de esa interpretación sostienen que el texto aprobado por el Parlamento vinculaba expresamente la concesión de la nacionalidad a una medida de reparación dirigida a las víctimas del exilio, algo que también figura reflejado en el preámbulo de la propia ley.

Además, durante la tramitación parlamentaria, PSOE y sus socios rechazaron varias enmiendas registradas por Ciudadanos que pretendían extender el acceso a la nacionalidad más allá de los descendientes de exiliados, un hecho que, según quienes cuestionan la instrucción, demostraría cuál era el alcance que realmente quiso otorgar el legislador.

Los efectos de esa interpretación administrativa ya se reflejan en las cifras oficiales. Según los datos más recientes, alrededor de 2,6 millones de personas han presentado solicitudes para obtener la nacionalidad española al amparo de esta normativa, mientras que más de 557.700 expedientes ya han recibido una resolución favorable.