Una anciana de 78 años llamada Esperanza Muñoz lleva cerca de dos años sin cobrar el alquiler de la vivienda que heredó de su madre y de cuyos ingresos depende para mantenerse. Separada y sin pensión tras haber dedicado buena parte de su vida al hogar, arrendaba el inmueble por 900 euros mensuales, una cantidad que, según su familia, no había incrementado en una década.
La deuda acumulada, según avanza The Objective, supera ya los 20.000 euros desde que la inquilina, una mujer dominicana de 40 años, dejó de pagar definitivamente en febrero de 2025. A esta cantidad se añaden unos 200 euros mensuales que Esperanza continúa abonando en concepto de comunidad, seguro, impuestos y agua, además de los gastos judiciales derivados del procedimiento.
Los problemas comenzaron en 2024, cuando empezaron los primeros retrasos en las mensualidades. Meses después, la arrendataria comunicó que no podía seguir pagando y que buscaría otro domicilio. La propietaria llegó incluso a ofrecerle dinero para facilitar su salida, pero la propuesta no prosperó. Cuando la familia anunció que acudiría a los tribunales para recuperar el piso y reclamar lo adeudado, la inquilina respondió, según la hija de Esperanza, que no estaba preocupada porque la ley la protegía.
La situación también ha generado tensión entre los vecinos del edificio. La familia denuncia una entrada frecuente de personas desconocidas, ruidos y fiestas hasta altas horas, daños en las zonas comunes e insultos cuando algunos residentes han tratado de intervenir. La Policía Local habría acudido en numerosas ocasiones y, según los allegados de la propietaria, el estado interior de la vivienda se ha deteriorado considerablemente.
A ello se suma el problema con el suministro de gas. La instalación fue cortada y precintada por impagos y, después de que ese precinto fuera manipulado, la compañía decidió impedir definitivamente su utilización. Desde entonces, los familiares aseguran desconocer qué sistemas se emplean dentro del piso para cocinar y cubrir otras necesidades básicas, algo que les preocupa por las posibles consecuencias para el resto del inmueble.
El procedimiento judicial continúa bloqueado. El juicio estaba fijado inicialmente para el 15 de julio, pero el abogado asignado a la arrendataria renunció a finales de junio y el caso quedó pendiente de que el Colegio de Abogados de Madrid resolviera la situación. La familia sostiene que, a finales de septiembre, todavía esperaba una decisión que permitiera reactivar el proceso.
Sandra, hija de Esperanza, denuncia además el impacto emocional que todo el caso está teniendo sobre su madre. Sostiene que, cuando se habla de vulnerabilidad, también debería contemplarse la posición de propietarios de edad avanzada que necesitan la renta de un único inmueble para poder subsistir.
La Plataforma de Afectados por la Ocupación ha mostrado su apoyo a la familia y utiliza este caso para advertir de las consecuencias que, a su juicio, pueden tener nuevas prórrogas o limitaciones a los desahucios en situaciones de vulnerabilidad. Su portavoz, Ricardo Bravo, sostiene que medidas de este tipo pueden terminar trasladando el coste de la protección social a pequeños propietarios que también atraviesan dificultades económicas.
