La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha destinado casi seis millones de euros desde 2018 a pagar a una decena de asesores de alto rango elegidos a dedo, cuya identidad oculta bajo el pretexto de que sus datos «podrían acabar en los medios de comunicación». Así lo revela una investigación de El Debate a partir de documentación oficial del propio Ejecutivo.
Pese a que la jurisprudencia —incluida la sentencia del Tribunal Supremo 1768/2019— establece que debe primar el interés público en la divulgación de los nombres de este tipo de cargos, Hacienda ha rechazado incluirlos en el listado de personal eventual remitido al periódico el pasado 13 de junio. La negativa se mantiene incluso para asesores que ya no trabajan en el Ministerio.
Según el convenio marco, los asesores cuentan con nivel superior a 28 y dependen directamente de Montero o de las Secretarías de Estado de Hacienda y de Presupuestos y Gastos. En 2024, el gasto en este personal superó el millón de euros —sumando salarios y cotizaciones— para realizar funciones sobre las que no se da información pública.
Desde que Montero llegó a Hacienda en 2018, la recaudación tributaria se ha disparado: un 56 % más en IRPF, un 29 % más en IVA y un 57 % más en el Impuesto de Sociedades. Parte de esos ingresos financian lo que se describe como una «guardia pretoriana» ministerial: asesores de máxima confianza y designación directa, con un coste acumulado de 5,7 millones de euros.
Los datos oficiales muestran que en 2019 se gastaron 758.346 euros en estos cargos, cifra que ha aumentado de forma constante hasta rozar el millón en 2022 y 2023. El Boletín Estadístico de enero de 2025 contabiliza 14 asesores eventuales en Hacienda, aunque la lista oficial remitida al periódico sólo reconoce diez.
El caso de Montero se suma a la resistencia de otros ministerios a facilitar esta información. Mientras Transportes sí ha detallado nombres y sueldos de sus asesores, Presidencia —bajo el mando de Félix Bolaños— y Hacienda han optado por el bloqueo. Incluso tras un requerimiento del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para entregar la lista completa desde 2018, Moncloa sigue sin cumplir.
Fuentes consultadas por El Debate subrayan que esta negativa «parece querer ocultar nombres que podrían ser llamativos», recordando los precedentes de escándalos como el caso Koldo, la «fontanera» Leire o asesores con currículos falsos. Todo ello refuerza la percepción de enchufismo y opacidad en la cúspide del Gobierno.
