Según el Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas, actualizado con datos de enero de este año, el Ejecutivo de Pedro Sánchez cuenta con 948 asesores en sus 22 ministerios, la cifra más alta registrada hasta la fecha. El gasto en 2024 para pagar estos puestos ascendió a 75,4 millones de euros, lo que supone una media de 79.500 euros anuales por asesor.
A pesar de este crecimiento y del coste que supone, la opacidad sobre quiénes son, qué formación tienen o cuáles son sus funciones es cada vez mayor. El Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) del Consejo de Europa alertó el pasado 1 de agosto de que España no ha cumplido ninguna de sus 19 recomendaciones contra la corrupción formuladas en 2019. Entre ellas, reforzar el régimen de los asesores, exigiendo los mismos criterios de transparencia e integridad que a los altos cargos, incluyendo la publicación de su identidad, funciones, currículum y declaraciones de bienes.
Por ministerios, el de Presidencia acumula la mayor cifra, con 477 asesores, seguido de Política Territorial con 153 —al incluir las delegaciones del Gobierno— y, con 22 cada uno, Asuntos Exteriores y Transición Ecológica. La comparación histórica muestra un aumento constante: en enero de 2018, con Mariano Rajoy en la presidencia, había 599 asesores; en enero de 2019, antes de la coalición con Unidas Podemos, Sánchez ya tenía 670; y en 2021, 764.
El otro gran problema es que los nombres no son públicos. La Fundación Civio lleva año y medio reclamando la lista de asesores entre 2020 y 2023, pero sólo ha obtenido datos completos de cuatro ministerios. La transparencia, que ya era parcial, se ha reducido aún más en los últimos años.
Algunos casos conocidos han generado polémica: Alberto Garzón contrató como asesora a su cuñada; Miquel Iceta, a la hija de un amigo y exlíder del PSC; y en otros casos, asesores han pasado a ocupar puestos en empresas relacionadas con el ministerio en el que trabajaban, o han sido ascendidos, en una dinámica de puertas giratorias que Bruselas lleva años advirtiendo como un riesgo de corrupción.
