La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, dio luz verde a un contrato de 76 millones de euros impulsado por el Gobierno de Navarra, actualmente bajo investigación de la Guardia Civil por posibles vínculos con Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE. En una declaración, Cerdán ha asegurado que no teme verse implicado en la causa por corrupción que instruye el Tribunal Supremo.
En específico, el contrato impulsado por el Ejecutivo de Navarra se refiere a la duplicación del túnel de Belate, adjudicado a una UTE formada por Acciona Construcción, Excavaciones Fermín Osés y Servinabar. La licitación fue tramitada cuando Saiz aún dirigía la Consejería de Hacienda de Navarra que, aunque la adjudicación se formalizó en diciembre de 2023, fue bajo su mandato cuando se autorizó la licitación publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea el 6 de febrero.
Entre los aspectos más graves, se ha señalado que el informe técnico de valoración no justificaba las puntuaciones ni comparaba de forma homogénea las ofertas, lo que abría la puerta a decisiones arbitrarias. Además, hubo divisiones dentro de la mesa de contratación ya que varios miembros emitieron votos particulares y la aprobación de las puntuaciones no fue unánime. El presidente de la mesa incluso modificó la puntuación global tras conocer las calificaciones previas, una acción considerada «irrelevante técnicamente», pero decisiva para inclinar la adjudicación hacia la UTE ganadora.
Por último, el acta de apertura del sobre con criterios económicos muestra que las propuestas de las cuatro licitadoras mejor valoradas fueron casi idénticas en precio, lo que ha cuestionado la relevancia del coste como factor determinante en la adjudicación.
