La organización ACCEM, una de las principales entidades que colabora en la gestión de dispositivos de acogida de inmigrantes ilegales en Canarias, ha recibido más de 225 millones de euros en fondos públicos desde que estalló la crisis migratoria de Arguineguín. Esta cifra, consolidada a partir de los registros oficiales de la Base de Datos Nacional de Subvenciones y de la Plataforma de Contratación del Sector Público, se destina a la gestión, acogida, alimentación y traslados aéreos de decenas de miles de inmigrantes ilegales llegados a Canarias por la ruta atlántica.

La cantidad total de 225,5 millones de euros se compone de las siguientes vías confirmadas por este medio: 104,85 millones de euros en subvenciones estatales, 30,75 millones de euros en subvenciones autonómicas, 14,94 millones de euros en subvenciones locales y 74,94 millones de euros en contratos de acogida de plazas y operaciones de costas y emergencia.

Sólo en contratos de acogida de plazas y operaciones de costas y emergencia, ACCEM ha percibido 74,94 millones de euros. Gran parte de estos contratos están directamente relacionados con la atención integral de inmigrantes ilegales llegados a Canarias, incluyendo la gestión de miles de ellos en dispositivos de primera acogida, la alimentación diaria y los traslados aéreos desde las islas hacia la península. A esta cantidad se suman las subvenciones estatales, que superan los 104,85 millones de euros en el mismo periodo. Una porción muy significativa de estos fondos se ha destinado a programas de atención humanitaria, acogida y traslados vinculados a las llegadas ilegales a Canarias, especialmente en los ejercicios 2022 y 2023, cuando la presión migratoria en el archipiélago alcanzó cifras récord.

Fuentes de la Secretaría de Estado de Migraciones consultadas por LA GACETA señalan que una parte muy relevante de estos contratos se ha ejecutado en Canarias. Los expedientes documentan la acogida de decenas de miles de personas en operaciones de emergencia entre 2022 y 2025, además de miles de traslados aéreos desde las islas. Sólo en 2023, los contratos de emergencia registraron la atención de más de 20.000 inmigrantes en dispositivos vinculados a las llegadas por la ruta atlántica, con operaciones que incluían tanto la acogida inicial como el traslado posterior a otros puntos del territorio nacional.

Este volumen de dinero público destinado a una sola entidad para gestionar las llegadas ilegales a Canarias contrasta con la ausencia de una estrategia efectiva de control de fronteras y retorno. Mientras ACCEM percibe decenas de millones de euros anuales para mantener el sistema de acogida, alimentación y traslados, las mafias de tráfico de personas siguen operando con normalidad y las llegadas a Canarias no cesan. Desde la crisis de Arguineguín, casi 170.000 inmigrantes ilegales han llegado al archipiélago y el sistema de emergencia sigue dependiendo en gran medida de estas organizaciones financiadas con fondos públicos.

La dependencia del Estado de entidades como ACCEM para gestionar las consecuencias de la inmigración ilegal genera un círculo vicioso. Se externaliza la atención integral de los inmigrantes llegados de forma ilegal a organizaciones humanitarias que, a su vez, viven fundamentalmente de los fondos públicos que genera el propio fenómeno que se pretende gestionar.