Fuentes de la ONU han señalado que la carta de tres relatores en la que atacan las leyes de concordia impulsadas en los gobiernos regionales en lo que está VOX es sólo una «opinión» que «contiene opiniones y recomendaciones» sin carácter vinculante.
Estos «relatores especiales» son un grupo de personas que trabajan de forma voluntaria sin pertenecer al personal de la ONU. No reciben un salario por su labor y sirven a título individual por su experiencia de trabajo. En el informe los relatores señalaron que las leyes de Aragón, la Comunidad Valenciana y Castilla y León «podrían afectar a la obligación del Estado, incluyendo sus poderes y entidades nacionales o locales, en materia de derechos humanos».
Estos relatores, que no la ONU como difundieron los medios de comunicación afines al Ejecutivo, instaron al Gobierno de Pedro Sánchez a que adopte «todas las medidas necesarias» para garantizar «el estricto respeto de los estándares internacionales de los derechos humanos en materia de preservación de la memoria histórica.
Estas leyes pretenden combatir —desde el respeto a la concordia— las normas —impulsadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez o por distintos gobiernos autonómicos— que imponen una verdad oficial y una visión de la historia de España hemipléjica, con buenos y malos. VOX siempre se ha comprometido a «derogar» toda legislación de «memoria histórica» o «democrática». «Dichas leyes son un despropósito totalitario que atenta contra libertades básicas y amenaza la libertad de cátedra e investigación», recoge la formación liderada por Santiago Abascal.
