Apenas faltan dos días para que se cumplan cinco años del inicio de la erupción del Tajogaite y la reconstrucción de La Palma continúa sin cerrarse. Decenas de afectados siguen residiendo en casas contenedor y viviendas modulares de madera que las administraciones instalaron como una solución provisional después de que la lava arrasara sus hogares.
El volcán entró en erupción el 19 de septiembre de 2021 y permaneció activo durante 85 días, hasta el 13 de diciembre. Según los datos recogidos por el propio Gobierno de Canarias en los Presupuestos de 2026, la lava afectó a 1.218,87 hectáreas, obligó a evacuar temporalmente a unas 7.000 personas y destruyó 1.676 edificaciones, entre ellas 1.345 viviendas habituales.
La respuesta habitacional de emergencia incluyó 85 casas contenedor y 36 viviendas modulares, adquiridas e instaladas por el Ejecutivo canario. Fueron concebidas para atender de manera temporal a quienes habían perdido su casa, pero una parte de los afectados continúa viviendo en ellas casi un lustro después.
La situación ha comenzado a cambiar de forma progresiva. El Gobierno de Canarias inició en 2025 la retirada de las primeras estructuras que habían quedado vacías y el alcalde de Los Llanos de Aridane, Javier Llamas, aseguró el pasado febrero que el objetivo municipal era que las casas contenedor desaparecieran durante 2026. En ese momento explicó que ya se habían retirado entre once y trece viviendas modulares.
Sin embargo, a las puertas del quinto aniversario todavía hay personas para las que aquellos alojamientos de emergencia siguen siendo su residencia. El problema ya no afecta únicamente a quienes esperan una compensación: el propio Gobierno canario reconoce la existencia de damnificados que han cobrado el valor de la vivienda que perdieron pero no disponen de medios suficientes para comprar o construir otra.
Es el caso de algunos residentes de Los Llanos de Aridane que han comenzado a recibir comunicaciones para abandonar estas viviendas provisionales. Milagros Plasencia, que perdió su casa de Todoque bajo la lava y reside actualmente en una de las casas contenedor, ha advertido de que no dispone de una alternativa: «Si me desalojan, me quedo en la calle».
La principal solución puesta ahora sobre la mesa es un edificio de 53 viviendas en Los Llanos de Aridane, adquirido por el Cabildo de La Palma por 10,3 millones de euros con financiación íntegra del Gobierno de Canarias. Las viviendas se destinarán de forma prioritaria y con criterios sociales a afectados que continúan en casas contenedor o de madera y que no pueden acceder por sus propios medios a otra residencia.
La compra se anunció en junio de 2025 con un plazo estimado de 15 meses para terminar las obras. La consejera de Presidencia del Gobierno canario, Nieves Lady Barreto, situó el pasado agosto la entrega en octubre de 2026 y expresó su intención de que antes de final de año pueda cerrarse este capítulo para los damnificados que todavía carecen de una solución definitiva.
Cinco años después de la catástrofe, las medidas extraordinarias siguen además vigentes. El Boletín Oficial de Canarias publicó este mes de septiembre nuevas resoluciones para conceder y abonar ayudas de emergencia al alquiler a familias afectadas por la erupción. El presupuesto del Instituto Canario de la Vivienda mantiene en 2026 una dotación de 600.000 euros para estas ayudas.
El contraste resume la lentitud de una reconstrucción que todavía no ha terminado. Mientras el Cabildo sostiene que la recuperación es ya «más que palpable» y continúa autorizando el regreso de vecinos a Puerto Naos y La Bombilla, las administraciones siguen buscando, cinco años después, una vivienda definitiva para parte de quienes fueron alojados de emergencia tras la erupción.
