'Ser es defenderse'
RAMIRO DE MAEZTU
Este artículo se publicó en La Gaceta antes de convertirse en La Gaceta de la Iberosfera, no siendo entonces propiedad de Fundación Disenso.

La Abogacía del Estado también desmiente a Montoro: 'Hay malversación'

La Abogacía del Estado considera un hecho consumado el delito de malversación de caudales públicos y «acreditada» y «obvia» la «utilización de fondos públicos para promover y organizar el ilegal referéndum».


La Abogacía del Estado y el ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, han desmentido al titular de Hacienda, Cristobal Montoro, que dijo que «ni un solo euro» público se dedicó al referéndum ilegal del 1 de octubre.
En un informe fechado el pasado 9 de marzo y comunicado al Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, la Abogacía del Estado considera un hecho consumado el delito de malversación de caudales públicos y «acreditada» y «obvia» la «utilización de fondos públicos para promover y organizar el ilegal referéndum». Dice que el mecanismo utilizado por los líderes secesionistas fue el de emplear «partidas presupuestarias ocultas» para que el desvío de fondos públicos pasara inadvertido.
Además, el ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, aseguró este martes que la disolución del Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat) ha sido una medida «responsable y proporcionada» y que este organismo desvió 1,5 millones de euros a actividades destinadas al establecimiento de una supuesta república catalana.
En respuesta a una pregunta del senador de ERC Jordi Martí Deulofeu, sobre los beneficios obtenidos por parte de España con la liquidación del Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat), Dastis afirmó: «Esa disolución, claramente, ha merecido la pena».
El ministro explicó que el presupuesto del Diplocat en 2017 ascendió a 2,3 millones, de los que 805.000 euros fueron destinados a gastos de personal y el resto, algo más de 1,5 millones, a actividades «encaminadas en la práctica a la ruptura del orden constitucional y la división entre catalanes». Así, negó que este organismo se dedicase a explicar Cataluña en el mundo e influir positivamente en su imagen en el exterior, sino que «ha tenido el efecto contrario». «Estamos hablamos, por lo tanto, de un gasto por lo menos inútil y, por lo más, de una desviación del dinero público para fines que no benefician a los catalanes, sino al establecimiento de una supuesta República catalana», concluyó.
Estas declaraciones han multiplicado las peticiones de dimisión en las redes sociales. Uno de los más vehementes ha sido el columnista de La Razón Alfonso Ussía.


Cabe señalar que el informe que el juez del «procés» en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, encargó a la Guardia Civil revela que la Generalitat malversó 1.915.067,22 euros procedentes de fondos públicos en la organización y celebración del referéndum ilegal catalán del 1 de octubre de 2017.
VOX, personado como acusación popular en el proceso que se instruye contra los presuntos responsables del proceso independentista catalán, afirmó que esta conclusión «deja en evidencia lo manifestado por el ministro Montoro» y ya pidió la dimisión del ministro. «Constituye una de las mayores traiciones que un Gobierno ha perpetrado en España», añadió el líder del partido, Santiago Abascal.

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