La okupación ya ha superado la barrera psicológica de los 100.000 casos, según estimaciones del Instituto Cerdá, en un contexto marcado por el fuerte aumento de la inquiokupación y el miedo creciente de muchos propietarios a sacar sus viviendas al mercado de alquiler. Lejos de contenerse, el fenómeno continúa expandiéndose año tras año.
Sólo en el último ejercicio, los casos crecieron un 7,4%, y desde la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa en 2018 el incremento acumulado de denuncias alcanza ya el 34,5%, de acuerdo con los datos manejados por el Instituto de Estudios Económicos. A este ritmo, los expertos calculan que cada año se incorporan unas 17.000 viviendas más a las estadísticas de ocupación ilegal.
Buena parte del debate político gira en torno a la Ley de Vivienda aprobada en 2023, que introdujo cambios sustanciales en los procedimientos de desalojo. Entre otras medidas, elevó los requisitos judiciales, amplió la protección legal de los ocupantes y obligó a los propietarios a enfrentarse a procesos más largos y costosos para recuperar sus inmuebles. Hoy, la okupación y la inquiokupación concentran ya cerca del 80% de los conflictos actuales.
El impacto de esta situación también se ha trasladado al mercado inmobiliario. Portales especializados como Idealista tienen actualmente más de 23.000 viviendas anunciadas que se encuentran ocupadas. Estos inmuebles se venden a precios más bajos, pero el comprador asume el problema legal de expulsar a los ocupantes, lo que refleja hasta qué punto la ocupación se ha integrado en la oferta.
Antes incluso de esta última escalada, el Colegio de Economistas de Cataluña y el propio Institut Cerdá ya cifraban en noviembre de 2023 cerca de 78.000 las viviendas ocupadas en España. Desde entonces, el crecimiento ha sido constante, alimentando una sensación de desprotección entre los propietarios y una retirada progresiva de pisos del mercado de alquiler.
Mientras tanto, el contraste con otros países europeos resulta cada vez más evidente. Estados como Alemania, Francia o Reino Unido cuentan con procedimientos mucho más expeditivos, que permiten desalojos rápidos y sanciones severas. En Francia, por ejemplo, las multas pueden llegar a los 45.000 euros y las penas de prisión alcanzar los tres años. En España, sin embargo, el tiempo medio para recuperar una vivienda supera los 18 meses, según el Consejo General del Poder Judicial.
Este escenario ha intensificado el choque político. En septiembre, PP, VOX, Junts y UPN lograron aprobar en el Congreso una moción que pedía la derogación de la Ley de Vivienda, alegando que ha provocado inseguridad jurídica, encarecimiento de precios, caída de la oferta y un efecto llamada para la okupación. El Gobierno, pese al mandato de la Cámara Baja, se mantiene firme y defiende que la norma «avanza en la dirección correcta».
