Con el miedo metido en el cuerpo y una indignación creciente hacia el Gobierno, Gaspar Muñoz Muñoz pasa los días montando guardia en su propia vivienda, en Granada, para que los okupas no vuelvan a arrebatársela. Este desempleado granadino, sin luz ni agua en el inmueble, vigila cada noche la casa que pertenece a su madre, de 84 años, en la calle Ceuta, en pleno barrio de la Paz. Ha tardado siete años en recuperarla: los que la Justicia necesitó para desalojar a una mujer que la ocupó ilegalmente en 2017, según detalla este martes Abc.
El 8 de octubre de este año, una orden judicial puso fin a la okupación. La responsable, Matilde, de 64 años y con antecedentes policiales, se había apropiado de la vivienda y la había convertido en un auténtico «narcopiso». Apenas dos semanas después del desahucio, un nuevo okupa intentó entrar, pero la rápida intervención policial evitó que se repitiera la pesadilla. El intruso acabó aceptando una condena de cuatro meses de prisión y una indemnización de 500 euros tras reconocer el delito de allanamiento de morada.
La vivienda, construida durante el régimen franquista por el Ministerio de la Vivienda para familias trabajadoras, fue donde Gaspar nació hace 55 años. Hoy es el escenario de una historia de abandono institucional. La mujer desalojada llegó a amenazarle de muerte: «Te voy a matar, yo voy a ir presa pero te tengo que matar». Durante años, Gaspar, su madre y su hermana presentaron denuncias por amenazas y usurpación ante la Policía Nacional, sin que se ejecutaran las órdenes judiciales. La okupa aparecía y desaparecía sin dejar rastro.
El inmueble, que su padre compró a la Junta de Andalucía en 1995, quedó reducido a escombros. «Han arrancado las puertas, los marcos de las ventanas, los azulejos… No tengo dinero ni para poner una cerradura«, lamenta Gaspar. En el interior, sin suministro eléctrico ni agua, apenas puede resguardarse del miedo. «Estoy desesperado y desprotegido. Si salgo me pueden matar y si me quedo dentro, también», confiesa.
Ha pedido ayuda a los servicios sociales, pero nadie responde. Sólo aspira a encontrar un trabajo o una prestación para reparar la casa y venderla. «La okupa ha vivido gratis siete años y no he visto un euro. Me lo han destrozado todo«, denuncia.
Gaspar culpa al Gobierno de Sánchez por su «dejación de funciones». “El Estado está beneficiando a cinco delincuentes que se ríen de los propietarios”, resume con rabia. Denuncia que el Ejecutivo de PSOE y Sumar protege a quienes usurpan viviendas bajo la excusa de la “vulnerabilidad”, mientras los legítimos dueños quedan abandonados a su suerte.
Como él, cientos de españoles se agrupan en la Plataforma de Afectados por la Okupación y la Inquiokupación para reclamar justicia ante una ley que ampara a los okupas y castiga a los propietarios. “He tardado siete años en echar a una okupa. Así no se puede vivir”, concluye Gaspar.
