Fuentes de la Policía han confirmado a LA GACETA la existencia y desmantelamiento de una sofisticada red delictiva en la localidad murciana de Lorca dedicada a fabricar denuncias falsas por violencia de género.
El objetivo principal de dichas denuncias no era otro que permitir a mujeres extranjeras en situación ilegal obtener la residencia por «circunstancias excepcionales» y las ayudas asociadas, todo ello mediante un montaje perfectamente orquestado y a cambio de varios miles de euros.
Según las fuentes consultadas, dos organizaciones criminales operaban de forma coordinada desde al menos 2023. Ofrecían un «paquete completo» a sus clientas; desde la captación de un varón que interpretaba el papel de agresor, a la localización de testigos falsos, traductores para las declaraciones policiales y hasta el guion detallado de la supuesta agresión. El precio que pagaba la «víctima» oscilaba entre 8.000 y 9.000 euros. El supuesto agresor, por su parte, recibía una contraprestación económica de la organización.
El modus operandi era siempre idéntico y se repetía con una precisión casi industrial. Las supuestas parejas apenas mantenían una relación sentimental de escasa duración —a veces de sólo días— y nunca convivían ni existía constancia de empadronamiento conjunto. La agresión se escenificaba en vía pública, a plena luz del día, con zarandeos o empujones de baja intensidad que nunca revestían gravedad. Inmediatamente después, un ciudadano o un miembro de la propia organización alertaba a la Policía. Una vez en comisaría, la «víctima» recibía el apoyo protocolario previsto para los casos de violencia. Orden de protección, asistencia jurídica y el inicio del expediente para la autorización de residencia por razones humanitarias.
Lo más llamativo es que las denuncias presentaban denominadores comunes que terminaron por alertar a los investigadores: lesiones de carácter leve (nunca constitutivas de delito grave), ausencia total de antecedentes de convivencia o control conjunto, y un patrón repetitivo en el tiempo. Muchas de las mujeres implicadas habían llegado a España de forma clandestina, incluso en patera, y veían en este “servicio” la vía más rápida y sencilla para regularizar su situación y acceder a prestaciones económicas.
Los investigadores confeccionaron un organigrama completo de la trama. Identificaron a los jefes de cada organización, a los «colaboradores» (testigos, traductores, captadores) y a los varones que repetidamente aceptaban el papel de agresores. Estos últimos, una vez condenados por un delito leve, recibían únicamente medidas cautelares como una orden de alejamiento que, al no existir relación real con la denunciante, no les suponía perjuicio alguno. Al cabo de un tiempo, muchos volvían a ofrecerse para el mismo “trabajo”.
Este caso no es un episodio aislado de fraude documental. Pone de manifiesto cómo determinadas lagunas en el procedimiento de protección a las víctimas pueden ser explotadas sistemáticamente para burlar la ley de extranjería. La residencia por circunstancias excepcionales, pensada para proteger a mujeres realmente maltratadas, se convierte en un atajo administrativo que, según las fuentes policiales consultadas, genera un efecto llamada y una sobrecarga innecesaria en los servicios de atención a las verdaderas víctimas.
La profesionalidad con la que se montaban los escenarios —incluso con la presencia de testigos y la rápida activación del protocolo— dificultaba enormemente la labor policial para distinguir lo verdadero de lo fabricado. Por último, fuentes de la Policía Nacional consultadas por este diario advierten que tramas similares podrían estar operando en otras provincias.
