Agentes de la Policía Nacional han desarticulado esta semana en Canarias a una organización criminal que regularizaba a inmigrantes ilegales con documentos falsos. El entramado obtuvo unos beneficios que ascendieron a más de 250.000 euros en total. Los implicados recibían información de otras organizaciones criminales que se dedicaban al tráfico de inmigrantes coordinando salidas de embarcaciones desde Marruecos.
El entramado criminal se dividía en dos ramas diferenciadas, una estaba asentada en Marruecos y la segunda en España. Sus integrantes se encargaban de la recepción de los inmigrantes ilegales que venían en embarcaciones desde Marruecos y arribaban en la isla de Las Palmas de Gran Canaria, gestionaban la manutención y su traslado a la Península.
Los detenidos que operaban en Marruecos se distribuían diferentes funciones, la de piloto de embarcación, intermediario o responsable del cobro de dinero. Los miembros asentados en España gestionaban los trámites necesarios para adquirir las tarjetas de embarque y salir de la isla. Además, se encargaban de recibir los pagos para los traslados y de controlar los inmuebles donde alojaban a los inmigrantes ilegales.
La red recibía numerosa información de organizaciones criminales que se dedicaban al tráfico de personas. Estas les indicaban cuándo partían las embarcaciones desde Marruecos con destino a España y los datos de los inmigrantes que habían pagado por adelantado el alojamiento en nuestro país. Una vez llegaban a Las Palmas de Gran Canaria, trasladaban a los inmigrantes a la Península utilizando inscripciones de nacimiento y certificados de empadronamiento falsificados para regularizarlos.
Beneficios de más de 250.000 euros
Una vez en Canarias, los integrantes de la rama criminal establecida en España cobraban a cada inmigrante ilegal entre 250 y 400 euros, lo que dependía del lugar y trayecto de traslado e incluía su alojamiento y manutención además del viaje a la península.
En ocasiones, este tráfico migratorio debía hacerse vía aérea, lo que implicaba más trámites relacionados con la documentación que habilitase la entrada en territorio peninsular, así como la necesidad de acompañarlos a lo largo del trayecto con el objetivo de regularizar de manera fraudulenta su situación administrativa.
En estos casos, los implicados percibían en torno a los 4.000 euros por cada inmigrante ilegal. Esta actividad criminal supuso la obtención de unos beneficios que ascendieron a un total de más de 250.000 euros.
La investigación ha culminado con la detención de cuatro personas, tres de ellas han ingresado en prisión, en las ciudades de Arucas y Las Palmas de Gran Canaria por los delitos de favorecimiento de la inmigración ilegal, falsedad documental, usurpación de bienes y pertenencia a organización criminal. Durante la operación se han llevado a cabo dos entradas y registros en las localidades de Arucas y Las Palmas y se han intervenido diversos dispositivos de almacenamiento de información.
