La Policía Nacional ha desmantelado en Ceuta dos inmuebles utilizados para ocultar a 28 inmigrantes ilegales, tres de ellos menores de edad, llegados a la ciudad autónoma durante la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio. La operación se ha saldado con tres detenidos y ha sacado a la luz una actividad que habría generado más de 10.000 euros desde entonces.

Los denominados «pisos de seguridad» se encontraban en las barriadas del Príncipe y Loma Colmenar, según la información difundida por la Policía Nacional y recogida por Europa Press. Los investigadores sostienen que distintas personas gestionaban los inmuebles y cobraban a los ocupantes a cambio de permitirles permanecer ocultos durante su estancia en la ciudad.

La operación revela además la aparición de un negocio clandestino alrededor de los inmigrantes que permanecen en Ceuta tras la entrada de julio. Las cantidades reclamadas variaban en función de la capacidad económica de cada persona y del espacio que ocupaba dentro de las viviendas.

Uno de los inmuebles, situado en el Príncipe, era una construcción de dos plantas todavía en obras y sin las condiciones mínimas de habitabilidad. Los agentes encontraron en su interior a varias personas hacinadas sobre colchones colocados directamente en el suelo, sin agua corriente, electricidad, cocina ni una ventilación adecuada.

La segunda vivienda estaba localizada en Loma Colmenar y también era utilizada para mantener ocultos a inmigrantes durante su permanencia en Ceuta. Las características de ambas barriadas, con numerosas edificaciones pequeñas, ampliaciones y dependencias anexas, dificultaban, según la Policía, la detección de este tipo de alojamientos.

Las pesquisas han constatado además que no todos los ocupantes pagaban en efectivo. Algunos habrían abonado su estancia mediante trabajos de reforma, construcción, mejora o ampliación de los mismos inmuebles en los que permanecían alojados, una fórmula que permitía a sus responsables obtener mano de obra como contraprestación.

La Policía calcula que esta actividad habría generado beneficios superiores a los 10.000 euros desde la entrada de los inmigrantes hasta la intervención de los agentes. Por el momento, la información difundida no concreta cuánto tiempo llevaba funcionando cada inmueble ni las cantidades individuales exigidas a sus ocupantes.

Entre las 28 personas localizadas había tres menores de edad. Tras comprobar su situación, fueron activados los protocolos de protección y los menores quedaron bajo la guarda y tutela de los organismos competentes.

La actuación forma parte de las investigaciones abiertas para perseguir las estructuras que obtienen beneficios económicos mediante el alojamiento clandestino de quienes entraron irregularmente en la ciudad autónoma. Las diligencias cuentan con la coordinación de unidades policiales de la costa andaluza y de servicios centrales junto a la Fiscalía especializada en la lucha contra el tráfico ilícito de inmigrantes.