La Policía Nacional ha detectado cientos de casos de inmigrantes ilegales llegados en pateras que portaban documentación falsa expresamente preparada para acogerse a la regularización extraordinaria impulsada por el Gobierno. Fuentes de la Unidad Central Contra Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras consultadas por LA GACETA aseguran que lo detectado hasta ahora es solo «la punta del iceberg».
Los agentes consultados por LA GACETA y que han formado parte del proceso en los últimos meses han sido testigos de cómo muchos de estos inmigrantes llevaban encima pasaportes fraudulentos, documentos de identidad alterados y, sobre todo, una batería de papeles fabricados para acreditar una presencia en España que en numerosos casos nunca existió. «Cuando los entrevistábamos muchos llevaban papeles encima de dudosa veracidad para justificar aquí su residencia», explican los efectivos de Extranjería y Fronteras.
Las mafias de tráfico de personas aprovecharon el anuncio de la regularización masiva para montar un negocio paralelo. «Han estado suministrando incluso en origen la documentación falsa a quienes decidían subirse a una patera», aseguran los agentes consultados. Facturas de gas, líneas telefónicas, contratos de alquiler inventados e incluso tickets de restaurantes y recibos de bares se distribuían en las propias embarcaciones o antes de zarpar para simular arraigo. «En algunos casos, los inmigrantes llegaban directamente con estas ‘pruebas’ preparadas desde sus países de origen o desde terceros países de la UE».
Sin verificación efectiva
Las mismas fuentes de la UCRIF revelan que, en múltiples expedientes, no se ha exigido constancia real de la veracidad de la documentación presentada. «Ha existido una colaboración nula por parte de algunos consulados y los agentes encargados de valorar ciertas identificaciones no han podido completar el proceso», explican. Los especialistas en falsedades documentales de la Policía Nacional fueron en gran medida apartados de la fase decisiva y la última palabra la tiene la comisión evaluadora del Ministerio de Migraciones.
En este contexto, los antecedentes policiales de los propios solicitantes se han convertido en una herramienta paradójica para demostrar arraigo. «Tener detenciones previas en España ha servido en algunos casos para acreditar que la persona ya estaba aquí», señalan los agentes.
Miles con historial delictivo
Otra de las cuestiones que señalan sin atisbo de dudas desde la UCRIF es que miles de inmigrantes serán regularizados con decenas de detenciones a sus espaldas. «Miles de inmigrantes serán regularizados pese a contar con decenas de detenciones a sus espaldas. El proceso no ofrece garantías mínimas de seguridad y supone una grave amenaza por el alto volumen de irregularidades detectadas», afirman.
La Policía Nacional ya advertía en un informe interno de febrero de este mismo año, firmado por el comisario jefe central de Operaciones de Extranjería, Alfredo García Miravete, que se esperaba un «efecto llamada» masivo. Las previsiones hablaban de alrededor de 1,25 millones de beneficiarios. Finalmente se superaron los 1,3 millones de solicitudes. Según cálculos policiales, unos 450.000 inmigrantes que no residían en España antes del 31 de diciembre de 2025 habrían conseguido colarse en el proceso.
El aumento exponencial de denuncias de “pérdida de pasaporte” (866% entre pakistaníes, 356% entre argelinos o 114% entre marroquíes) es otro indicador claro de la magnitud del fraude. Miles de inmigrantes con antecedentes penales y policiales alegaron haber extraviado su documentación original para poder regularizarse.
Una amenaza a la seguridad
Los agentes de la UCRIF insisten en que ellos han cumplido con su trabajo de detección y alerta. Sin embargo, el diseño del proceso —con escasa intervención policial en la fase final de resolución— ha convertido la regularización en un coladero. «Hemos hecho nuestro trabajo, pero la última palabra la tiene la comisión del Ministerio. Y ahí no se está aplicando el mismo rigor», lamentan las fuentes.
El resultado, según estas mismas voces, es que decenas de miles de inmigrantes con historiales delictivos, documentación falsa y sin arraigo real obtendrán la «regularización». Un proceso que, lejos de resolver el problema de la inmigración ilegal, lo ha agravado al generar un nuevo efecto llamada y al erosionar los controles mínimos de seguridad.
La Policía Nacional, a través de sus unidades especializadas, sigue recopilando datos. Lo detectado hasta ahora en pateras y en los primeros trámites es —insisten— sólo una pequeña parte de un fenómeno mucho más amplio que afecta a todo el territorio nacional.