El cerco judicial se estrecha sobre la gestión del actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, después de que un juzgado de Tenerife mantenga abierta una investigación sobre la instalación de una infraestructura de telecomunicaciones financiada con fondos públicos en un espacio natural protegido. La causa analiza las circunstancias en las que se ejecutó el proyecto, adjudicado durante la etapa de Torres al frente del Gobierno de Canarias, así como la legalidad de la ocupación de los terrenos donde fue levantada la antena.
El procedimiento avanzado por Libertad Digital se tramita en el Juzgado de Instrucción número 2 de Güímar, que ha acordado investigar a varios responsables de la empresa Difusión de Telecomunicaciones de Canarias S.L. Además, la magistrada ha requerido al Ejecutivo autonómico toda la documentación relacionada con un contrato público de 6.519.048 euros, aprobado en 2021 para el despliegue de esta infraestructura destinada a la red pública de emergencias de Canarias (RESCAN), bajo la responsabilidad del entonces presidente Ángel Víctor Torres y del consejero de Seguridad, Julio Pérez.
Uno de los aspectos centrales de la investigación es la ubicación de la antena. Según la denuncia, las instalaciones fueron construidas en el paraje protegido de Anocheza, en el municipio tinerfeño de Güímar, ocupando alrededor de 65.500 metros cuadrados de una finca privada sin autorización de su propietario. El titular de los terrenos presentó una querella en 2025 por presuntos delitos de estafa y falsedad documental, al considerar que la ocupación de su parcela y la posterior explotación de la infraestructura se sustentaron en documentación cuya validez está siendo examinada por la Justicia.
La investigación también se dirige contra varios responsables empresariales vinculados al proyecto. Entre los investigados figuran el exadministrador único de Difusión, Alfonso Paz Iglesias, y el actual responsable de la compañía, Juan Luis Lorenzo. Asimismo, el juzgado ha citado al representante legal de la empresa adjudicataria Técnicas Competitivas–Teltronic SAU, además de tomar declaración a otros testigos relacionados con la explotación de la instalación.
Según la documentación incorporada a la causa, la infraestructura no solo habría prestado servicio a la red de emergencias del Gobierno canario, sino también a distintas compañías privadas del sector de las telecomunicaciones. Entre las empresas mencionadas aparecen operadores como Vodafone, Orange y otros proveedores regionales, lo que ha llevado a los investigadores a analizar los contratos de arrendamiento suscritos para el uso de la antena y los ingresos obtenidos por la empresa explotadora. Uno de esos contratos ya habría sido confirmado por el administrador de una de las compañías usuarias.
En el marco del procedimiento judicial, la parte denunciante ha solicitado la adopción de medidas cautelares de carácter económico. Entre ellas figura la petición de una fianza de 2,5 millones de euros para responder de las posibles responsabilidades derivadas del caso, así como la intervención judicial de los ingresos generados por el alquiler de la infraestructura mientras se esclarecen los hechos investigados.
La investigación no se limita únicamente a las decisiones adoptadas durante el mandato de Ángel Víctor Torres. El juzgado también analiza la continuidad de la explotación de la antena durante la actual legislatura del Gobierno de Canarias presidido por Fernando Clavijo, con el objetivo de determinar la legalidad de los pagos efectuados y de los contratos suscritos tras el cambio de Ejecutivo. La evolución de la causa deberá esclarecer si existieron irregularidades administrativas, civiles o penales en torno a una infraestructura sufragada con dinero público y levantada sobre una finca de titularidad privada.
