La Policía Nacional ha descubierto una trama de corrupción que implica a agentes policiales y a una concejala del Partido Popular en Santa Susanna (Barcelona). La investigación, centrada en la concesión fraudulenta de permisos de residencia a ciudadanos pakistaníes, ha destapado un esquema en el que los detenidos ofrecían empadronamientos y contratos laborales falsos a cambio de pagos de 5.000 euros. Estos documentos permitían a los inmigrantes ilegales iniciar procesos para regularizar su situación en España de manera ilícita.
Entre los detenidos se encuentran dos cabos de la policía local de Santa Susanna, un agente de los Mossos d’Esquadra y la concejala del PP, Inma Castilla, pareja de uno de los cabos arrestados. Según la investigación, los implicados registraban a los ciudadanos en sus propios domicilios, gestionando posteriormente contratos laborales simulados. Uno de los cabos, subordinado del principal implicado, recibía una comisión por participar en el esquema, ampliando así el alcance de la operación.
El principal investigado, un cabo de la policía local, ya estaba bajo sospecha antes de este caso por irregularidades relacionadas con multas y denuncias, según informes previos. Este agente, que actualmente está de baja médica, podría enfrentarse a una suspensión definitiva de empleo y sueldo en cuanto regrese a su puesto. Mientras tanto, el segundo cabo implicado sigue trabajando bajo estricta vigilancia. Por otro lado, la concejala Castilla, señalada como una de las cabecillas de la red junto a su pareja, habría utilizado su posición política para reclutar colaboradores y ampliar la operación.
La investigación, liderada por el juzgado de instrucción número 23 de Barcelona, ha identificado entre 35 y 40 personas afectadas por esta trama, en su mayoría de origen pakistaní. Estos ciudadanos pagaron por empadronarse y obtener documentos laborales fraudulentos, esenciales para regularizar su situación. Si se confirma la ilegalidad, los permisos obtenidos a través de este esquema podrían ser anulados, dejando a las víctimas nuevamente en situación ilegal.
El agente de los Mossos d’Esquadra arrestado desempeñaba funciones como interino en Santa Susanna en el momento de los hechos y ahora trabaja en la región metropolitana Norte de la policía catalana. Su implicación en la trama refuerza la dimensión de la corrupción descubierta. La operación, que ya ha pasado por varias fases, continúa abierta, y no se descartan más detenciones en los próximos meses.
La investigación revela que la pareja formada por el cabo de la policía local y la concejala del PP lideraba la red, pagando a colaboradores para inscribir a más personas en sus domicilios y ampliar la estafa. El cabo, que ya había sido expedientado por otros actos de malversación y prevaricación, coordinaba el registro de trabajadores ficticios. En paralelo, Castilla, desde su rol político, apoyaba y gestionaba aspectos logísticos del esquema, según los informes policiales.
A pesar de que los principales detenidos ya están en libertad, el caso sigue en manos de las autoridades, y las consecuencias legales podrían ser graves. Además, los jefes de la policía local, que habían notado irregularidades en el comportamiento de los agentes implicados, esperan la resolución judicial para tomar medidas disciplinarias definitivas.
