La Policía Nacional ha identificado a militares marroquíes entre los inmigrantes ilegales que permanecían en la playa de El Trampolín, en Ceuta, según fuentes policiales citadas por ABC. Los hombres reconocieron que pertenecían al Ejército de Marruecos, aunque aseguraron haber desertado y alegaron que temían sufrir represalias si regresaban a su país. Los agentes recibieron sus explicaciones con reservas, sin que la información publicada permita acreditar que desarrollaban una misión en territorio español.

La identificación se produjo durante el desalojo del asentamiento, donde se calcula que se concentraban más de 3.000 personas. Algunos de los hombres utilizaban sacos de dormir militares y llevaban cantimploras y otros objetos del Ejército marroquí. Un integrante del dispositivo ha relatado que determinadas personas observaban con especial atención los equipos y la forma de actuar de los policías. Las fuentes consultadas también sostienen que varios de estos individuos regresaron a Marruecos sin pasar por el procedimiento de identificación previsto.

En la intervención participaron cerca de 300 antidisturbios, procedentes de unidades de Sevilla, Zaragoza, Pamplona, Bilbao y Valladolid, además de la Unidad Central de Intervención. La Guardia Civil y las Fuerzas Armadas colaboraron en el dispositivo. El despliegue siguió el esquema aplicado previamente en Benítez: concentrar a quienes permanecían en el asentamiento y trasladarlos en autobús hasta las proximidades de la frontera. Según ABC, los desalojos han propiciado al menos 1.100 retornos voluntarios a Marruecos.

Los efectivos de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) asumieron los desplazamientos hacia la frontera y el Centro de Atención Temporal de Extranjeros de El Tarajal, donde se realizan labores de recepción, asistencia sanitaria, identificación y tramitación administrativa. Paralelamente, la Policía trata de localizar y registrar a los menores que siguen en la calle. También ha detectado grupos que se refugian en áreas rocosas para eludir los controles. Los investigadores barajan que algunos puedan tener antecedentes u órdenes de expulsión pendientes, aunque se trata de una hipótesis.

Otra línea de actuación se concentra en los «pisos patera» de la barriada de El Príncipe, donde, según las fuentes citadas, más de una decena de personas obtienen ingresos alojando a inmigrantes en viviendas propias o arrendadas. Las intervenciones buscan identificar tanto a los responsables del negocio como a los ocupantes, algunos de los cuales huyen al advertir la llegada de los agentes. ABC señala que la propietaria de uno de los inmuebles abandonó el lugar durante una actuación y tiene una orden judicial de busca y captura.

Las pesquisas también afectan a organizaciones que ofrecen alojamiento junto con la promesa de un traslado en embarcación a la Península por entre 6.000 y 8.000 euros. A estas prácticas se suma la cesión de documentos de identidad a cambio de dinero para intentar embarcar hacia otros puntos de España. La Policía Nacional y la Guardia Civil investigan estas vías de salida y a quienes se lucran facilitándolas.