Un cartel colgado en el Centro de Acogida de Cruz Roja, situado en la Calle Poetisa Handuna S/N, 18013, Granada ha encendido las alarmas y ha llevado a una investigación policial. El letrero, multilingüe (español, francés e inglés), informa textualmente: «Puedes recibir documentos de tu país»/»You can send your documents from your country». En un contexto donde la inmensa mayoría de los inmigrantes ilegales que llegan a costas peninsulares lo hacen indocumentados —según fuentes policiales consultadas por LA GACETA—, este mensaje no parece sólo una ayuda logística, muchos lo interpretan como una invitación explícita a mantener la irregularidad inicial y prolongar beneficios fraudulentos en el sistema de tutela autonómica.

Según han confirmado a LA GACETA fuentes policiales, la Policía ya investiga el hecho de este cartel y su posible contribución a prácticas irregulares en los centros de acogida. El procedimiento habitual entre quienes arriban sin documentación es declarar falsamente ser menor de edad para acceder a la tutela de la Junta de Andalucía, que implica alojamiento indefinido, dinero de bolsillo, ropa, comida y asistencia completa, todo sufragado con fondos públicos. Mientras las fiscalías provinciales de menores permanecen saturadas —con diligencias de determinación de edad que pueden demorarse meses o años—, los supuestos tutelados permanecen en centros de acogida. Una vez llegan los documentos reales desde el país de origen, una parte significativa no los presenta ni regulariza su situación para seguir beneficiándose del mismo régimen.

Este caso local en Granada pone de manifiesto un problema estructural que se ha agravado desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa en junio de 2018. Según datos facilitados por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras (CGEF) de la Policía Nacional, a falta de confirmar los datos definitivos de 2025, desde 2018 hasta el cierre de 2024 han llegado 19.467 inmigrantes de forma ilegal detectados en la costa granadina, principalmente a través del Puerto de Motril. Este volumen acumulado incluye el pico histórico de 2018, con 9.431 llegadas —año en el que el 80% de la inmigración ilegal registrada en toda España se produjo tras la entrada de Sánchez al Gobierno—. Ese mismo 2018, según la Fiscalía General del Estado, un 66,8% de los declarados como menores no acompañados (menas) en la provincia fueron finalmente identificados como adultos, lo que revela la magnitud del fraude en el momento de mayor presión migratoria.

Aunque las cifras descendieron en años posteriores, la herencia de saturación en fiscalías y centros de acogida persiste. El cartel de Cruz Roja amplifica estas críticas. Al indicar que los documentos pueden enviarse posteriormente, parece ofrecer una vía para «corregir» la falta inicial de papeles sin perder los beneficios inmediatos. Para los agentes consultados, este tipo de mensajes no resuelve problemas: los evidencia y, potencialmente, los incentiva.

El incidente refleja deficiencias sistémicas en la gestión de la inmigración ilegal durante el actual Gobierno. Controles insuficientes en origen, saturación en la determinación de edad y una acogida que, en la práctica, puede ser explotada por adultos que se presentan como menores. Mientras las fiscalías luchan contra el colapso y cientos de miles de euros de los contribuyentes se destinan a quienes podrían no necesitarlos, carteles como este cuestionan seriamente el equilibrio entre ayuda humanitaria y prevención de abusos.

La investigación policial abierta —confirmada a LA GACETA— es un paso imprescindible para determinar si el mensaje del cartel cruza la frontera entre asistencia legítima y complicidad en fraudes.