La Policía Nacional y la Guardia Civil investigan el alquiler clandestino de decenas de pisos en Ceuta a inmigrantes en situación ilegal que entraron en la ciudad los días 30 y 31 de julio. Según publica The Objective, las pesquisas tratan de localizar alojamientos cuyos responsables cobran cantidades que pueden superar los 1.000 euros mensuales, pese a que algunos apenas ofrecen habitaciones sin ventilación o espacios inadecuados para vivir.

Los investigadores sitúan buena parte de estos alojamientos en las barriadas de El Príncipe, Erquicia y La Reina, donde encuentran mayores dificultades para recabar pruebas. Las alertas de los vecinos han permitido descubrir numerosos casos tras detectar una presencia inusual de personas en edificios y zonas comunes. Las fuentes consultadas por el citado medio señalan que las sospechas alcanzan también a funcionarios que podrían estar arrendando sus viviendas.

El negocio se extiende a garajes, descansillos, portales e inmuebles en obras, por cuyo uso se llegan a reclamar alrededor de 900 euros. En las intervenciones de las últimas semanas, los agentes han encontrado a personas hacinadas y en condiciones insalubres. Acreditar los pagos es uno de los obstáculos de las pesquisas: los investigadores subrayan que dar alojamiento a alguien no constituye por sí mismo un delito y que resulta difícil obtener la colaboración de quienes se encuentran en estas circunstancias.

Uno de los últimos arrestos se ha producido en el centro de Ceuta, donde la Policía Nacional ha detenido a un joven de 21 años que presuntamente cobraba por alojar a siete inmigrantes en la vivienda de un familiar. Los agentes le atribuyen un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y calculan que habría recibido 3.000 euros por el arrendamiento. En otra actuación, una mujer de origen marroquí fue detenida después de que los policías encontraran a 15 personas alojadas en una habitación de su casa. Habían acudido porque ella había denunciado que su exmarido había incumplido una orden de alejamiento.

Estos casos se suman a la operación desarrollada a comienzos de septiembre por la Unidad contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades (Ucrif) contra una organización que utilizaba el apartamento de un hotel como alojamiento. Según la investigación, los inmigrantes permanecían allí a la espera de ser trasladados por mar a la Península.

La utilización presuntamente irregular de inmuebles también afecta al parque público. El Gobierno de Ceuta ha iniciado siete actuaciones a raíz de denuncias vecinales sobre viviendas de titularidad pública que estarían siendo empleadas para este fin. El consejero de Medio Ambiente y Urbanismo, Alejandro Ramírez, ha explicado que, si se confirman las irregularidades, la Administración procederá a rescindir los contratos o a imponer las sanciones correspondientes.

La existencia de estos alojamientos complica, además, el cálculo de cuántas personas permanecen en la ciudad dos meses después de la entrada masiva. Mientras el Gobierno sitúa la cifra en algo más de 3.500, tras el regreso voluntario de cientos de inmigrantes cuyas solicitudes de asilo habían sido rechazadas, las estimaciones policiales recogidas por THE OBJECTIVE la elevan a unas 15.000 personas. Este último cálculo incluye a los menores, a quienes ocupan plazas en los recursos oficiales y a los que permanecen en asentamientos o viviendas.