El proceso de regularización masiva impulsado por el Gobierno empieza a mostrar sus grietas más profundas. La Policía Nacional investiga una trama mafiosa que habría empadronado ilegalmente a cientos de inmigrantes argelinos en distintos municipios de Aragón para facilitar su acceso a los papeles, según informa Ok Diario.
El fenómeno ha sido tan abrupto que algunos municipios han llegado a triplicar su población en apenas cinco meses, al menos sobre el papel. Detrás de este crecimiento ficticio se esconden viviendas donde se han llegado a registrar más de una decena de personas en un mismo domicilio.
La investigación está en manos de la UCRIF (Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales), que ha detectado una red organizada dedicada a falsificar documentos y contratos de alquiler con el objetivo de simular arraigo en España.
El mecanismo es claro: a través de empadronamientos fraudulentos, los inmigrantes ilegales pueden acreditar una supuesta residencia continuada en el país, requisito clave para beneficiarse de la regularización extraordinaria anunciada por el Ejecutivo.
El auge de esta actividad no es casual. Según fuentes policiales, la red ha multiplicado su actividad tras el anuncio de la regularización, convirtiendo el empadronamiento en una auténtica mercancía dentro de un mercado ilegal.
El precio por acceder a este «servicio» supera los 300 euros por persona, en una práctica que ya ha sido detectada en otras zonas como Mallorca, donde recientemente se desarticuló una organización similar con decenas de implicados.
Las mafias operan aprovechando fallos estructurales en los sistemas de control municipal, utilizando contratos falsificados y suplantando la identidad de propietarios para registrar a inmigrantes en viviendas sin su conocimiento.
Las consecuencias van mucho más allá del fraude administrativo. Gracias a estos empadronamientos ficticios, los beneficiarios acceden a servicios públicos, ayudas y certificados de residencia, abriendo la puerta a procesos de regularización e incluso a futuras solicitudes de nacionalidad.
Desde el sindicato Unión Federal de Policía advierten de que el problema es conocido desde hace años: «El empadronamiento se ha convertido en muchos casos en la puerta de entrada al fraude», señalan, denunciando la falta de control y rigor en este trámite clave.
