La Policía Nacional ha incoado 514 expedientes sancionadores a inmigrantes ilegales en Melilla por fraudes en el empadronamiento, vinculados principalmente a solicitantes de asilo que abandonaron la ciudad autónoma pero mantuvieron de forma ilegal su inscripción en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) para beneficiarse de bonificaciones al transporte.

Las actuaciones han sido desarrolladas por la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedad Documental (UCRIF), dependiente de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, que detectó numerosas irregularidades relacionadas con la normativa de extranjería. En concreto, los expedientes derivan de la omisión, el retraso deliberado o la falsedad grave en la comunicación a las autoridades españolas de cambios relevantes en la situación personal de los solicitantes.

Los afectados son inmigrantes ilegales que, tras formalizar su solicitud de protección internacional en Melilla, estaban obligadas a permanecer en la ciudad durante al menos 30 días, plazo mínimo establecido tras la entrevista de asilo. Durante ese periodo eran acogidas en el CETI. No obstante, una vez superado ese tiempo y tras desplazarse a la península u otros puntos del territorio nacional, muchos de ellos mantuvieron fraudulentamente el empadronamiento en el centro.

Según la Policía Nacional, el objetivo era seguir accediendo a determinadas ventajas administrativas y económicas, especialmente las relacionadas con el transporte, pese a no residir ya en la ciudad. Fuentes policiales han subrayado que este comportamiento supone un uso indebido de recursos públicos y un perjuicio directo para el sistema.

Esta situación se produce en un contexto de incremento exponencial de solicitantes de asilo en Melilla desde octubre de 2023, cuando numerosos inmigrantes ilegales optaron por desplazarse a la ciudad al conocer que los plazos de tramitación eran sensiblemente más cortos que en la península.

Las infracciones detectadas conllevan sanciones económicas que oscilan entre los 500 y los 10.000 euros. Además, la Dirección General de Administraciones Públicas de la Ciudad Autónoma ha ordenado su baja en el padrón municipal.