Verificar las huellas dactilares del millón de inmigrantes ilegales que podrían acogerse a la «regularización» masiva impulsada por el Gobierno exigiría más de un año de trabajo continuo. Ese es el cálculo que manejan agentes de la Policía Nacional, que advierten de que, con los medios actuales, resulta imposible completar las comprobaciones en el plazo de cuatro meses que contempla el borrador del Ejecutivo.

Cada solicitante acudiría a una de las 240 comisarías de la Policía Nacional para someterse a la identificación dactilar. Ni siquiera contando con las más de 50 oficinas de extranjería repartidas por España sería viable absorber el volumen extraordinario de trabajo sin paralizar el resto de funciones ordinarias, según explican fuentes policiales.

Los especialistas han hecho números. Si los agentes encargados de las verificaciones dejaran a un lado el análisis de huellas relacionadas con robos, homicidios u otros delitos y se dedicaran en exclusiva a las de los inmigrantes incluidos en la «regularización», tardarían más de doce meses en completar el proceso, incluso trabajando las 24 horas del día, los siete días de la semana, detalla Okdiario.

La comprobación no es automática. Los operadores de la Policía Científica introducen las huellas en el Sistema Automático de Identificación Biométrico (SAIB), que devuelve entre 20 y 30 posibles coincidencias. A partir de ahí comienza un examen manual y minucioso: el agente debe descartar una por una las aproximaciones hasta determinar cuál presenta mayor similitud. Cada verificación requiere aproximadamente una hora de trabajo especializado.

Con ese ritmo, y teniendo en cuenta los relevos de turno y los descansos reglamentarios, cada comisaría apenas podría validar con precisión alrededor de una veintena de huellas al día. En el conjunto del país, la cifra rondaría las 3.000 diarias. A esa cadencia, revisar un millón de identidades superaría ampliamente el año.

La conclusión que trasladan los expertos en seguridad ciudadana y extranjería es clara. Si el objetivo político es culminar la «regularización» en cuatro meses, las cuentas no cuadran. Y ante esa realidad, advierten, el riesgo es que el proceso termine ejecutándose sin una verificación exhaustiva, lo que convertiría la medida en un coladero de cientos de miles de casos sin control efectivo.