La Policía Local de Puerto del Rosario ha precintado un piso ilegal en el edificio donde se albergan a menas, situado en el pueblo de El Matorral, según avanza La Provincia. Este inmueble, que había sido ampliado irregularmente, contaba con una estructura que incluía 12 compartimentos: ocho de ellos habilitados para alojar entre seis y ocho menores y cuatro más utilizados como almacenes.

El espacio ya había sido clausurado previamente debido a que incumplía la normativa urbanística, al superar la altura máxima permitida en la zona. Sin embargo, el propietario desobedeció la restricción y volvió a utilizarlo como alojamiento para menores migrantes (menas). Ante la reincidencia, los agentes han remitido diligencias a los tribunales y han informado a la Concejalía de Urbanismo para que se tomen nuevas medidas al respecto.

La estructura irregular ha sido objeto de una orden de demolición por parte del Ayuntamiento de Puerto del Rosario. Hasta la fecha, el dueño del inmueble no ha ejecutado el mandato, por lo que, si persiste en su negativa, será la administración local la que asuma la demolición con cargo al propietario.

El operativo policial tuvo lugar un día después de que el espacio estuviera nuevamente ocupado por menores. Por esta razón, los agentes ordenaron a la dirección del centro de acogida desalojar el piso antes de volver a colocar los precintos.

El edificio es de propiedad privada y alberga el Centro de Atención, Emergencia y Derivación (CAED), gestionado por la Fundación Cepaim y dependiente del Ministerio de Migraciones. Actualmente, en sus instalaciones residen 195 jóvenes de origen africano, que arribaron a las costas canarias a bordo de embarcaciones procedentes del continente vecino.

La Fundación Cepaim, que cuenta con una red denominada «vivienda solidarias para migrantes», proporciona a las familias una vivienda adecuada a sus necesidades en régimen de alquiler social (nunca superior al 30% de sus ingresos netos). «De esta manera, tendrán cubiertas sus necesidades de vivienda a un precio, adaptado a su capacidad de pago desde el inicio de la intervención. Sólo en el año 2022, recibió más de 50 millones de euros en contratos públicos con el Gobierno.