La Comunidad de Madrid ha anunciado que llevará a cabo una reforma integral en el Centro de Primera Acogida de Casa de Campo, un espacio destinado a menores extranjeros no acompañados (menas). La remodelación, que arrancará en el transcurso de este año, tiene como propósito optimizar las instalaciones y ampliar su capacidad, ya que las 66 plazas actuales resultan insuficientes ante la constante llegada de inmigrantes ilegales a la región.
Para empezar a desarrollar estas mejoras, la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales estudia la reubicación temporal de los menores residentes en el centro. Esta medida se ha vuelto imprescindible «por la saturación del sistema», un problema que la Comunidad de Madrid atribuye a la mala gestión de la crisis migratoria por parte del Gobierno central.
El proyecto contará con una inversión superior a los cuatro millones de euros y estará orientado a mejorar tanto la infraestructura como los espacios de convivencia del centro. Desde la Consejería aseguran que «las intervenciones están programadas para ejecutarse este mismo año», con el objetivo de ofrecer un entorno más adecuado y funcional para los menores acogidos.
La presión en este centro ha llevado a la Comunidad de Madrid a habilitar nuevos dispositivos de acogida en otros puntos de la región. Uno de los más recientes es el de La Cantueña, que tuvo que abrir antes de lo previsto para aliviar la sobrecarga de Casa de Campo.
En paralelo, el Ministerio de Juventud e Infancia, dirigido por Sira Rego, ha elevado una petición a la Fiscalía para que investigue las condiciones en las que se encuentran los menores en este centro. En su informe, el Ministerio advierte que estos niños y adolescentes permanecen durante largos periodos en instalaciones concebidas para estancias transitorias, lo que «podría constituir una vulneración de sus derechos fundamentales y un incumplimiento del principio del interés superior del menor».
Desde el Gobierno regional han respondido a estas críticas acusando al Ejecutivo central de utilizar a Madrid como chivo expiatorio para encubrir su «deficiente gestión», la cual, según afirman, «pone en peligro vidas humanas». Además, han señalado que el retraso en la remodelación del centro se debe al «colapso de los dispositivos de menores», consecuencia directa de las políticas migratorias del Gobierno estatal. En un comunicado contundente, la Consejería ha manifestado que «el Ejecutivo se desentiende de la tragedia migratoria, con personas que fallecen en el mar, menores hacinados en campamentos sobrepoblados y un aumento alarmante de la pobreza infantil en España».
