La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha reactivado en las cárceles españolas el proceso para informar y facilitar la regularización de presos extranjeros en situación ilegal que se encuentren en prisión preventiva y sin condenas previas. Centros penitenciarios como el de Zuera (Zaragoza) han distribuido esta última semana carteles en todos sus módulos para explicar a los internos cómo acogerse al proceso masivo impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez, que prevé conceder permisos de residencia a al menos medio millón de inmigrantes.
«Para los internos extranjeros interesados y que puedan acogerse al proceso extraordinario de regularización en curso, podrán solicitar información al efecto depositada en la cabina de funcionarios», señala la circular repartida en el penal aragonés. El aviso añade además que los reclusos pueden dirigirse al educador del módulo para ampliar la información.
La medida parte de una comunicación enviada a finales de abril por Instituciones Penitenciarias a las 80 cárceles dependientes del Ministerio del Interior. En ella se ordenaba informar a los presos preventivos extranjeros sobre el procedimiento aprobado por el Consejo de Ministros y facilitarles la obtención de la documentación necesaria para tramitar la regularización. El departamento dirigido por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, calcula que la medida puede afectar a unos 3.500 internos.
El decreto exige que los solicitantes carezcan de antecedentes penales, aunque sí contempla la posibilidad de regularizar a personas con antecedentes policiales siempre que no sean consideradas «un peligro para la seguridad pública». Desde que se remitió la instrucción a los centros penitenciarios, fuentes penitenciarias aseguran que decenas de presos ya han iniciado los trámites con ayuda de trabajadores sociales de las cárceles.
La situación ha provocado malestar entre funcionarios de prisiones y agentes de Policía. El Sindicato Unificado de Policía advierte de que la prisión preventiva responde a una decisión judicial basada en indicios de delito y en riesgos como fuga o reiteración delictiva, por lo que considera «contradictorio» que esas circunstancias no pesen automáticamente en un procedimiento administrativo de regularización.
Fuentes policiales alertan además de que conceder residencia legal a internos extranjeros complicará todavía más las expulsiones. Actualmente, tanto la expulsión administrativa como la judicial tienen en cuenta el arraigo del inmigrante, un elemento que se refuerza con la residencia legal. En la práctica, sostienen desde Extranjería, muchos reclusos que hoy podrían terminar en procedimientos de expulsión pasarán a integrarse en un circuito administrativo que les permitiría permanecer en España.
El debate se produce además en un contexto de fuerte déficit en la ejecución de expulsiones. España mantiene desde hace años una diferencia creciente entre las órdenes de expulsión dictadas y las finalmente ejecutadas, debido a problemas de identificación, falta de cooperación de algunos consulados y saturación administrativa.
El nuevo proceso extraordinario de regularización también ha generado críticas por la flexibilidad prevista respecto a los antecedentes policiales. Según el texto publicado en el Boletín Oficial del Estado, la existencia de antecedentes en los informes policiales «no supondrá, por sí misma y de forma automática, causa de denegación».
La decisión final recaerá en funcionarios del Ministerio de Migraciones, dirigido por la ministra Elma Saiz. Aunque la Policía elaborará informes sobre los antecedentes de cada solicitante, será la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería, centralizada en Vigo, la que determine de forma «casuística y circunstanciada» si el inmigrante supone o no una amenaza para el orden público o la seguridad interior.
El procedimiento exige acreditar una permanencia continuada en España de al menos cinco meses antes del 1 de enero de 2026 y aportar certificados oficiales de ausencia de antecedentes penales tanto en España como en los países en los que el solicitante haya residido durante los cinco años anteriores a su entrada en territorio nacional.
