El Ministerio del Interior ha decidido reducir drásticamente el número de agentes antidisturbios desplegados en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. La medida, ejecutada hace dos semanas por la Dirección General de la Policía, ha generado un profundo malestar entre los mandos de las Unidades de Intervención Policial (UIP), que advierten de que el motivo real no es “operativo”, como sostiene el Gobierno, sino económico.

Fuentes policiales confirman que el recorte se debe a la falta de recursos en las llamadas cajas pagadoras, encargadas de cubrir los gastos de los agentes desplazados. “No hay dinero para mantener a tantos efectivos”, aseguran miembros de la UIP, que hasta ahora enviaba alrededor de 100 agentes a las ciudades autónomas por turnos de 15 días. A partir de ahora, ese número se reducirá a 30 policías, repartidos en dos subgrupos.

El problema radica en que las dietas fijadas no cubren los costes reales del despliegue, y el Ministerio del Interior aún no ha actualizado las cuantías. La situación ha llegado a tal punto que se estudia suspender otros desplazamientos en la península “porque no hay fondos suficientes”, según las mismas fuentes.

Los antidisturbios recuerdan que su labor no se limita a controlar manifestaciones o disturbios. También participan en operativos de seguridad ciudadana, catástrofes, desalojos y control fronterizo. En territorios como Ceuta y Melilla, su presencia es clave para apoyar la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo. “Su trabajo es esencial, aunque apenas se visibilice”, reconoce un mando policial consultado.

La explicación oficial de Interior, que atribuye la reducción a “razones operativas”, genera desconfianza entre los mandos. “No tiene sentido hablar de motivos operativos cuando el recorte es del 70% y coincide con la falta de fondos”, apuntan fuentes de la Policía a The Objective. Además, recuerdan que la medida llega en un momento de especial tensión en Marruecos, donde las protestas han obligado a la gendarmería a destinar recursos a otras zonas del país, reduciendo el control de la inmigración ilegal.

Desde este verano, la Policía arrastra graves dificultades para pagar las dietas y otros gastos ordinarios por la falta de liquidez en sus cajas. El problema afecta también a otras unidades, como la Policía Judicial, y a distintas jefaturas provinciales. Aunque Interior anunció una inyección de 20 millones de euros “in extremis”, los recortes demuestran, según los agentes, “que algo no funciona bien”.

La Unión Federal de Policía (UFP) ha denunciado públicamente lo que califica como una “seguridad embargada”. En un comunicado, el sindicato acusa al Ejecutivo de disfrazar con argumentos técnicos lo que en realidad son “recortes derivados de la precariedad económica” del cuerpo. “La seguridad está padeciendo un embargo por falta de financiación, las explicaciones del Gobierno son solo un disfraz”, señalan.

La UFP advierte de que los retrasos en el pago de dietas, la falta de material básico y el deterioro de la operatividad ponen en riesgo la seguridad ciudadana. “Recortar fuerzas en zonas tan sensibles demuestra que la seguridad ya no es prioridad, sino una variable de ajuste presupuestario. Nos hablan de optimizar recursos, pero están recortando lo esencial: vidas, eficacia y capacidad de actuación”, lamentan.

Mientras tanto, en Ceuta, fuentes policiales alertan de la posibilidad de un nuevo salto masivo a la valla. Miles de ilegales, procedentes del África subsahariana, se agrupan en una zona boscosa a unos 30 kilómetros de la ciudad autónoma con intención de llegar a territorio español. La gendarmería marroquí, según los agentes, ha reducido su vigilancia “en gran medida” para centrarse en contener las revueltas internas, lo que deja el flanco sur de España en una situación de riesgo creciente.