El Ministerio del Interior ha decidido reducir al mínimo la presencia de antidisturbios en Ceuta y Melilla. La medida, comunicada de forma verbal desde la Jefatura de la Unidad de Intervención Policial (UIP), supondrá que los grupos completos de 50 agentes en cada ciudad sean sustituidos por subgrupos de apenas 15 policías.
Hasta ahora, las distintas unidades antidisturbios desplegadas por toda España —con base en Madrid y destacamentos en ciudades como Barcelona, Zaragoza, Valencia, Sevilla, Málaga, Granada, Bilbao, Pamplona, Valladolid, La Coruña, Vigo, Oviedo, Tenerife o Las Palmas de Gran Canaria— se turnaban para custodiar las dos ciudades autónomas, con relevos cada dos semanas.
Este recorte coincide con una situación económica muy delicada para las unidades itinerantes de la Policía Nacional, que arrastran serios problemas para cobrar las dietas y cubrir los gastos de estancia en los lugares a los que son destinados. Los agentes se ven obligados a adelantar dinero de su bolsillo y aguardar a que se les reintegre. La situación se agravó en junio, cuando las cajas pagadoras de las comisarías quedaron vacías. Pese a una inyección de urgencia de 20 millones de euros, la falta de fondos continúa generando tensión.
La presencia de los antidisturbios en Ceuta y Melilla ha sido constante en los últimos años, dada la presión migratoria y la elevada conflictividad en determinados barrios. En Ceuta, el barrio de El Príncipe —considerado uno de los más peligrosos de España— está compuesto por cientos de construcciones ilegales donde predomina el narcotráfico, y la Policía Nacional sólo entra con grandes dispositivos por la peligrosidad de la zona. Tanto allí como en Melilla, la UIP cumple funciones de apoyo, prevención y disuasión frente a la delincuencia organizada.
Mandos de la Policía Nacional consultados por El Mundo advierten de que la cifra fijada por Interior es «insuficiente«. Reconocen que la orden ha llegado sin más explicación que la de «razones operativas». El ministerio de Fernando Grande-Marlaska evita dar detalles y se limita a señalar que «la organización y el despliegue de las unidades son decisiones operativas de cada cuerpo» y que actualmente «Ceuta y Melilla cuentan con el máximo histórico de efectivos de la Policía Nacional».
No es la primera vez que la UIP se enfrenta a problemas de financiación bajo este Gobierno. Ya en la cumbre de la ONU celebrada en Sevilla el pasado julio, los antidisturbios estuvieron a punto de sufragar de su propio bolsillo los gastos del despliegue, situación que sólo se resolvió con una reacción de última hora.
Desde el sindicato Jupol denuncian que esta nueva decisión es «un recorte encubierto que afecta directamente a la seguridad ciudadana«. Y añaden: «Es otra muestra del abandono sistemático del ministro Marlaska a la Policía Nacional, que coloca a los agentes en una posición de indefensión y evidencia la falta alarmante de recursos».
