España cuenta con 1.454 parques eólicos y más de 22.000 aerogeneradores
Parque Eólico Las Majas 6A.
Por LGI
27 de julio de 2026
La expansión de los parques eólicos por la España rural ha dejado nuevos ingresos en las arcas de algunos ayuntamientos, pero no ha cumplido las promesas de creación de empleo y lucha contra la despoblación. Municipios afectados y plataformas vecinales denuncian que los puestos de trabajo desaparecen tras la construcción, la energía producida no abarata sus facturas y el coste recae sobre el sector primario, el paisaje y el modo de vida de los pueblos.
España cuenta con 1.454 parques eólicos, 22.433 aerogeneradores y presencia de estas instalaciones en 870 municipios, según la Asociación Empresarial Eólica (AEE). Es el sexto país del mundo por potencia eólica, por detrás de China, Estados Unidos, Alemania, India y Brasil, y el segundo de Europa.
Castilla y León encabeza la clasificación nacional con 291 parques, seguida de Aragón, con 206, y Galicia, con 184. Buena parte de estas instalaciones se concentra en territorios rurales donde la agricultura y la ganadería constituyen la base económica y donde sus habitantes cuestionan que los proyectos hayan tenido en cuenta las consecuencias sobre las explotaciones, el turismo o el valor del paisaje.
Uno de los casos es Hornillos de Cerrato, una localidad palentina de 203 habitantes rodeada por un parque de 40 aerogeneradores. Los ingresos obtenidos por su implantación permitieron al Ayuntamiento construir una piscina, una pista de pádel e instalar fibra óptica, además de subvencionar el nacimiento de niños, los libros escolares y el 95% del permiso de obras.
«Se está muy bien en la piscina, lo malo son los molinos que están ahí dando vueltas», resume una vecina del municipio. La frase refleja la contradicción que se extiende por parte de la España rural: los parques aportan recursos públicos, pero transforman el territorio sin garantizar actividad económica ni población a largo plazo.
El alcalde de Hornillos de Cerrato, Nacho Valdeolmillos, defiende que las mejoras han ayudado a elevar el número de empadronados desde los 110 de 2015 hasta los 203 actuales. Sin embargo, reconoce que la mayor creación de empleo se produjo durante el montaje del parque y tuvo carácter temporal. Un restaurante del municipio también contrató a dos personas para atender a los trabajadores durante las obras.
Empleo temporal y trabajadores llegados de fuera
La patronal eólica sostiene que el sector genera empleo estable y cualificado. La AEE cifra en más de 37.000 las personas que trabajan en esta industria en España y señala que el 70% ocupa puestos que requieren formación.
La realidad local ofrece una imagen distinta. La construcción de los parques, que suele prolongarse entre 18 y 24 meses, provoca un pico de contrataciones. Una vez que los aerogeneradores entran en funcionamiento, cae la necesidad de mano de obra y parte de las tareas se controla a distancia.
Un informe publicado por el Banco de España en 2023 cuestiona que las inversiones eólicas creen empleo en los municipios donde se instalan. Según el documento, sus multiplicadores laborales son «estadísticamente iguales a cero» en todas las fases, por lo que su impacto sobre el empleo resulta nulo. El estudio sólo detecta una pequeña reducción del paro durante el mantenimiento, asociada a algunos trabajos en los servicios y la industria de la zona.
Las empresas también encuentran dificultades para cubrir en los propios pueblos puestos como el transporte de grandes cargas o los trabajos técnicos. Esto provoca que recurran a personal llegado de otras comarcas, mientras los vecinos quedan fuera de buena parte de las contrataciones.
La AEE asegura que impulsa programas de formación para mejorar la empleabilidad rural. Sin embargo, en seis años sólo ha formado a más de 90 alumnos, una media de 15 por ejercicio, pese a que existen parques eólicos en más de 800 municipios.
«Esas empresas están durante uno o dos años yendo y viniendo con la construcción, y en el momento en que empiezan a operar, desaparece todo el mundo. Incluso la mayoría de las operaciones de mantenimiento se hacen en remoto. Suelen contratar a gente de fuera, por lo que no tiene repercusión aquí», denuncia Delfín Martín, miembro de la plataforma ALIENTE.
Daños sobre la agricultura, la ganadería y el paisaje
La creación de empleo no es el único motivo de rechazo. Vecinos y consistorios advierten del deterioro del paisaje, los ruidos, las luces, la pérdida de atractivo turístico y los perjuicios sobre las actividades agrícolas y ganaderas.
También reprochan que la electricidad generada se envíe a las grandes ciudades o al extranjero mientras los municipios productores no obtienen rebajas en sus recibos. Bajo el lema «Renovables sí, pero no así», distintos colectivos reclaman que los proyectos se adapten a las necesidades de cada territorio y no se impongan a costa de quienes viven y trabajan en él.
En la comarca zamorana de Sayago, junto a los Arribes del Duero, la llegada de un proyecto eólico provocó la movilización vecinal. «A priori nos parecía genial, pero luego se nos vino el mundo encima, porque no era un proyecto medido según las necesidades locales ni iba a aportar beneficios aquí, sino que era una empresa extranjera que venía a hacer un atentado ecológico contra una reserva», afirma Martín.
El Ayuntamiento de Grijalba, un municipio burgalés de 114 habitantes, también se opuso a la instalación de un parque. El Consistorio contactó con asociaciones ecologistas y plataformas de otras provincias antes de concluir que los beneficios anunciados no compensaban sus efectos.
«Nos dimos cuenta de que su modus operandi era bastante opaco y, a la postre, todos esos beneficios no eran tales», explican desde el Ayuntamiento. El municipio teme que el ruido constante, las molestias lumínicas y el deterioro del paisaje provoquen la salida de vecinos y perjudiquen al turismo rural.
La patronal eólica defiende que la ubicación de los parques responde a criterios técnicos, ambientales, territoriales y regulatorios, además de la disponibilidad de viento y la aceptación social. También sostiene que los proyectos incluyen estudios de impacto visual y que los aerogeneradores ocupan en torno al 0,017% de la superficie española.
«Arcas llenas, pueblos vacíos»
Las cantidades abonadas a los ayuntamientos permiten financiar servicios e infraestructuras que muchos municipios pequeños no podrían afrontar con sus propios recursos. No obstante, los colectivos críticos advierten de que el dinero no sustituye al empleo estable, los servicios básicos ni un modelo económico capaz de mantener a las familias en el territorio.
«Los políticos tienden a pensar que el dinero soluciona todo, incluso la despoblación, y no es así. Lo que están vendiendo es “arcas llenas, pueblos vacíos”», sostiene Martín. Cristina de Castro, integrante de Pueblos Despiertos, rechaza también la idea de que estos territorios sean espacios sin actividad a disposición de las grandes compañías: «Nos llaman la España vaciada, pero no está vacía, está poblada».
A los conflictos territoriales se suman los casos de corrupción ligados a la concesión de permisos. La operación Molinos, en La Muela (Zaragoza), investigó el supuesto cobro de mordidas. En Castilla y León, altos cargos de la Junta fueron acusados de presionar a compañías eléctricas para que se asociaran con empresarios locales próximos a la trama a cambio de obtener autorizaciones.
La expansión eólica presenta resultados distintos en cada municipio, pero las promesas de empleo y repoblación no se han cumplido en buena parte de las zonas afectadas. Los pueblos reclaman que la transición energética deje de medir su éxito sólo por el número de aerogeneradores y tenga en cuenta a agricultores, ganaderos y vecinos que soportan sus consecuencias.