La regularización masiva de inmigrantes impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez comienza a mostrar sus primeros efectos en los servicios públicos: una oficina del Consorcio Regional de Transportes de Madrid ha quedado completamente desbordada por la avalancha de solicitudes, según informa Vozp.
Se trata de la oficina de Ríos Rosas, destinada habitualmente a resolver incidencias técnicas del abono transporte, que en las últimas semanas ha visto cómo cambia radicalmente el perfil de sus usuarios. Cada vez más inmigrantes ilegales acuden a solicitar certificados de uso del transporte, un documento que puede servir como prueba de permanencia en España, requisito clave para acogerse al proceso de regularización.
El sistema está diseñado para gestionar incidencias ordinarias —duplicados, fallos de recarga o validación—, pero no para asumir esta nueva función administrativa vinculada a procesos migratorios. El resultado ha sido inmediato: colapso del sistema de citas y retrasos generalizados para los usuarios habituales.
Desde el propio Consorcio reconocen que la emisión de estos certificados es un trámite residual y centralizado únicamente en esta oficina, precisamente para evitar sobrecargar el resto de la red. Extender este servicio, advierten, supondría tensionar aún más el sistema y perjudicar la atención ordinaria.
El certificado de recargas del abono transporte se ha convertido así en una herramienta clave para acreditar el llamado «arraigo», ya que permite demostrar varios meses de permanencia continuada en territorio español.
Mientras tanto, el impacto ya se deja sentir en el día a día de los ciudadanos. Usuarios que acudían a resolver gestiones relacionadas con el transporte denuncian dificultades crecientes para conseguir cita y tiempos de espera cada vez más largos.
