La relación del Gobierno de Suiza con los cabecillas de Tsunami Democràtic podría dejar fuera de la amnistía al expresidente catalán Carles Puigdemont, a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y a los otros diez investigados en la causa sobre la plataforma que lideró las protestas contra la sentencia del 1-O.
Según la proposición de ley de amnistía registrada por el PSOE en el Congreso, «los delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la defensa nacional» se quedan fuera del perdón a los líderes del golpe separatista de 2017.
Al menos una de esas conductas encaja en la nueva línea de investigación sobre la complicidad de Suiza con el separatismo, tal y como señala el diario El Confidencial.
En concreto, el artículo 592 del Código Penal establece que «serán castigados con la pena de prisión de cuatro a ocho años los que, con el fin de perjudicar la autoridad del Estado o comprometer la dignidad o los intereses vitales de España, mantuvieran inteligencia o relación de cualquier género con gobiernos extranjeros, con sus agentes o con grupos, organismos o asociaciones internacionales o extranjeras».
Según la investigación sobre Tsunami, entre finales de 2018 y la primera mitad de 2019, los cabecillas de las protestas se comunicaron con Roland Steininger, un funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores suizo. En la época en la que se produjeron esas conversaciones, tanto Rovira como Gabriel habían fijado ya su residencia en Suiza tras huir de la Justicia española, mientras que Alay y Puigdemont estaban utilizando Ginebra como uno de los principales nodos de su estrategia para la internacionalización del golpe separatista.
